El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Ailloud, dijo ayer que las autoridades de los tres niveles de Gobierno deben investigar de manera oficiosa la posible trata de personas en agravio de indígenas de origen chiapaneco, principalmente mujeres y menores de edad, que laboran en el comercio ambulante en la ciudad de Mérida.
Antes, el mismo alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, pidió el apoyo de las autoridades federales y estatales para frenar el crecimiento del comercio foráneo ambulante de las chiapanecas y alertó que se percibe no sólo el comercio de mercancía ilegal, sino también la trata de personas y explotación infantil.
En este sentido, el presidente de la Codhey recordó que en el mes de septiembre de 2013 la dependencia interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República, en contra de quien resultara responsable, por la comisión de hechos posiblemente delictuosos que podrían constituir el delito de trata de personas; sin embargo, la PGR desestimó la denuncia.
El ombudsman estatal dijo que la denuncia se interpuso haciendo la Codhey uso de sus facultades conferidas constitucionalmente, en contra de quien o quienes resultaran responsables por la presunta comisión del delito de trata de personas, en agravio fundamentalmente de mujeres, niñas y niños.
