Mérida, Yucatán, a 30 de octubre de 2012.- La anterior administración municipal ordenó dar “carpetazo” y archivar ocho mil expedientes en lugar de continuar con el procedimiento correspondiente, lo que ocasionó daños al erario municipal debido a las multas que quedaron sin cobrar, informó el Ayuntamiento de Mérida.

En conferencia de prensa que ofrecieron hoy en la Sala de Juntas de la Presidencia, Federico Sauri Molina y Carlos Eduardo González Flota, director de la dependencia y subdirector Jurídico, respectivamente, dieron a conocer las irregularidades detectadas hasta el momento en el proceso de entrega-recepción de esa oficina, atribuidas a la administración 2010-2012, cuando estuvo al frente de esa Dirección Yolanda Fernández Martínez.

Agregaron que las anteriores autoridades dejaron en la indefensión a algunas personas que realizaban trámites, afectaron el desarrollo urbano y también el presupuesto del Ayuntamiento debido a los gastos que ocasionaron las inspecciones realizadas por personal de la Dirección de Desarrollo Urbano.

No se ha cuantificado el monto de las multas que debieron aplicarse y en cuanto a la afectación al desarrollo urbano es porque al archivar los expedientes se permitieron construcciones que no cumplieron con lo que marca la ley, lo que también ocasiona perjuicio a los vecinos, dijeron.

Respecto de la afectación al presupuesto, se debe a que al hacer las inspecciones y demás trámites, se pagó el sueldo del personal, se gastó combustible y se utilizaron vehículos con el consiguiente gasto en mantenimiento preventivo y correctivo.

Los ocho mil expedientes llenan 54 cajas de archivo parte de las cuales fueron exhibidas durante la conferencia, las cuales serán enviadas a la Contraloría Municipal para su análisis.

Se trata, entre otros casos, de clausuras mal ejecutadas, inspecciones que no fueron realizadas de acuerdo a derecho y otras cuando los ciudadanos comparecieron no se les dio el seguimiento correcto.

“Los expedientes se encuentran abiertos y lo que llama la atención fue la intención de tratar de cerrarlos de manera irregular”, dijo el director de Desarrollo Urbano.

También hemos encontrado varios permisos otorgados de manera irregular, otorgados sin estar apegados a derecho ni a las leyes correspondientes, añadió.

De las irregularidades señaladas destaca el caso de la apertura de una gasolinera –Chuburná Inn— ubicada en la calle 22-B entre 20-A y 13 de la colonia Chuburná de Hidalgo, la cual ha sido motivo de numerosas quejas de los vecinos.

Se precisó que para la construcción de la gasolinera, se emplearon tres diferentes documentos emitidos por la Dirección de Desarrollo Urbano: uno de factibilidad de uso de suelo, una licencia de uso de suelo y una licencia de construcción.

Los funcionarios recordaron que la administración 2007-2010 negó el 8 de octubre de 2008 la licencia de factibilidad de uso de suelo pero la persona que la solicitó se inconformó por lo que interpuso un recurso de inconformidad, el cual le confirmó la negativa. Ante ello, el solicitante promovió el 13 de enero de 2009 ante el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo un juicio de nulidad. Esta última instancia emitió sentencia el 30 de marzo de 2010 y con una redacción ambigua supuestamente ordenó otorgar la autorización solicitada.

Sin embargo, González Flota hizo la observación de que para entonces ya estaba vigente el Programa de Desarrollo Urbano 2010, el cual era diverso a aquel en el cual se basó la Litis del juicio de nulidad, lo cual debió la Dirección de Desarrollo Urbano exponer ante el Tribunal, buscando el sobreseimiento de la causa. Sin embargo, no lo hizo y con ello permitió el dictado de sentencia que ordenó el otorgamiento de la factibilidad en comento.

Además, la sentencia antes mencionada no ordenaba el otorgamiento de las otras dos licencias, lo cual habría impedido la construcción de la gasolinera.

Los funcionarios informaron que la Dirección de Desarrollo Urbano en dos meses ha modificado los procesos jurídicos y de otorgamiento de licencias para que estos estén totalmente apegados a derecho y a la normatividad aplicable vigente.