Parte II
Por Cap. José Salvador Góngora López
Por un tiempo la sublevación maya de 1847 logró contener el despojo y la pérdida del control político de la élite indígena, ya que al calor de la rebelión se restablecieron las Repúblicas mayas, aunque imponiendo severas modificaciones que las hacía
n dependientes del Gobierno Estatal. La historia regional reconoce que el despojo agrario fue una de las causas profundas de la sublevación indígena, y así se patentiza en los trata dos de Tzucacab, un intento de poner fin a la guerra en el año de 1848, firmado con la tendencia moderada de los insurrectos. Este documento incluyó un artículo que daría marcha atrás a las leyes de colonización y de baldíos. En su parte medular asienta como un derecho de los indígenas:
“El que puedan rozar los montes para que establezcan sus sementeras, o para que formen sus ranchos en los ejidos de los pueblos, en las tierras llamadas de comunidad y en las baldías, sin que paguen arrendamiento; y que desde ahora y en lo sucesivo no se vuelva a enajenar retazo de dichas tierras. Aquellas que estén denunciadas y mensuradas, cuya escritura no esté otorgada por el gobierno, quedarán sin escriturarse para que los pueblos dispongan ese recurso”.
Cuando los conquistadores vinieron a estas provincias hallaron muchos señores y las provincias divisas, parece claro que los límites entre las denominadas provincias y los asentamientos sujetos a cada una de ellas no estaban muy bien definidos, seguramente como una repercusión de la inestabilidad política que aún se vivía en la península yucateca. Pero es muy posible que las cabeceras o conjuntos de cabeceras, que daban forma a los cuchcabales, estuvieran pugnando por definir y expandir sus áreas de control e influencia política y territorialidad. Así se entiende que las fuentes del siglo XVI aseguren que una de las causas de mayor importancia para la guerra entre los Mayas antes de la conquista europea fuese precisamente por tierras. La relación de Tekit, redactada por su encomendero Hernando de Bracamonte, afirma que al participar en la empresa de la conquista oyó decir a indígenas ancianos que antiguamente tenían
guerras unas provincias con otras sobre defender sus tierras.
En Yucatán los españoles concibieron como un derecho de conquista el despojo de las tierras indígenas. Sin embargo, el inicio de este proceso fue lento debido a la forma peculiar que adoptó el régimen colonial implantado en la Península de Yucatán, que privilegió la explotación extensiva de la abundante mano de obra nativa, mediante los tres mecanismos de la tributación, los repartimientos forzosos de mantas y patíes de algodón y los servicios personales. Mecanismos que retrasaron el surgimiento de una economía empresarial sustentada en la apropiación directa de la tierra, sin embargo, la usurpación fue una realidad en la vida colonial yucateca, en donde se pueden identificar las tres categorías del despojo agrario.
La expoliación, es decir la ocupación de las tierras por medio de la fuerza, empleándose incluso recursos aparentemente legales.
La usurpación sublimada, mediante los matrimonios y las donaciones de tierras a la Iglesia y a los santos patrones.
La usurpación legal, efectuada a través de las mercedes reales y las composiciones de tierras.
En la Península yucateca la usurpación legal fue la norma y se puede identificar, más específicamente, al mercado como un engranaje muy dinámico del despojo. Las comunidades indígenas, sin embargo, no afrontaron la enajenación de sus tierras pasivamente, pues sus dirigentes trataron de implementar una política que impusiera restricciones en el uso del suelo a los nuevos propietarios y que atenuara las repercusiones negativas de la ganadería.
Los mecanismos del despojo colonial
Se ha popularizado la idea de que durante los fines del siglo XVIII y la primera del siglo XIX los estancieros y hacendados yucatecos disputaron a los pueblos
sus tierras comunales, sustentados en una legislación liberal que impulsó la colonización de las tierras presuntamente desocupadas o baldías, y que el despojo constriñó de tal manera la sobrevivencia de los pueblos indígenas, que la tensión sentó las bases para el estallido de la denominada Guerra de Castas que se inició en 1847. Esta visión se sustenta en el énfasis que se ha puesto al análisis del conflicto étnico en el siglo XIX yucateco, en el que efectivamente destaca la compleja competencia de las haciendas ganaderas y agrícolas y los ranchos, por la tierra de jurisdicción de las repúblicas indígenas.
Después del análisis expuesto, podemos concluir que las tierras de los mayas de Yucatán han sido presa del despojo en diferentes épocas, de acuerdo con los intereses de las clases dominantes, pero en cada momento las consecuencias del injusto despojo han sido causa de conflictos políticos y militares, por parte de la justa defensa de la dignidad de los indígenas, auténticos dueños de la tierra.
