Habla con desesperación. Exige. Demanda ser escuchada. Sus palabras cobran vigor para lanzarse con serias acusaciones, duras críticas al sistema de justicia estatal, en particular contra las instancias familiares. Son varios casos que he conocido como el de Virginia Erosa Tamayo, a quien desde septiembre del año pasado su ex pareja le arrebató por la mala a sus hijos. Hoy se desconoce el paradero de los infantes.

Este fin de semana hubo diversas protestas, desde los vecinos de Ciudad Caucel que bloquearon los accesos a esa zona habitacional, pasando por los maestros que se oponen a la evaluación de su desempeño, hasta un grupo de mujeres que se apostó a las puertas del Palacio de Gobierno para hacer pública la situación que atraviesan al estar apartadas de sus vástagos por la fuerza.
Virginia Erosa es una joven que, me consta, ha tenido que esforzarse a conciencia para salir adelante. Hace un año aproximadamente, me contó la manera en la que el padre de los niños se los llevó así «nomás, a la malagueña» como se dice.

En ese entonces -¡oh, ingenuo de mí!- le recomendé que acudiera a las instancias legales, que siguiera el debido proceso para recuperarlos con bien. Y miren, las autoridades han demostrado su incapacidad e ineficiencia, el flamante tortuguismo a la mexicana, para hacer cumplir la ley.
Desde septiembre de 2014, el juez de lo familiar que lleva el caso determinó otorgarle la custodia a la madre. Es la hora y el día que las cosas siguen sin avanzar. Los niños están en lugar desconocido igual que el padre. Virginia me relata que ignora si los tienen en Quintana Roo, Campeche o el extranjero. La mujer vive con tremenda angustia, y no es para menos, digo.
Pese a que ya se ordenó el uso de la fuerza pública para recuperar a los hijos de Virginia, el Ejecutivo del estado todavía no autoriza la intervención policial. Me comentan que el retraso en ello se debió a motivo electorales. Otras mujeres que se sumaron a la manifestación sabatina, van más lejos en sus acusaciones contra la Prodemefa y los juzgados familiares, donde afirman que hay graves indicios de supuestos actos de corrupción, de ahí la dilación. Lo cierto es que esas madres ya no aguantan más.

Parte del discurso que manejan las afectadas, radica en el interés supremo de la infancia, en el derecho que tienen las niñas y los niños de convivir con ambos progenitores, en un ambiente sano y de bienestar. En cierta forma intentan apuntalar su lucha más allá de los lugares comunes del machismo, en los que por el simple hecho de ser mujeres y madres deben tener a los hijos con ellas.
Habría que conocer a detalle cada caso de esas personas, ver hasta qué punto ha imperado algún interés extrajudicial o simplemente es puro y duro burocratismo. De acuerdo con sus declaraciones, son muchas más quienes están en situaciones similares, pero se abstuvieron de manifestarse públicamente por temor a represalias, o que en venganza «por hacer ruido» retrasen más sus procesos.

Por lo pronto, me informan que ya contactaron al Observatorio Nacional de Violencia contra la Mujer, así como a otras asociaciones para la defensa de los derechos humanos. Esto, por lo que se ve, apenas, y a penas, comienza.