La Intifada de Chablekal

Por Eduardo Lliteras Sentíes

La rebelión, la revuelta de las piedras en Chablekal, me hizo pensar en las pedradas con que los palestinos reciben a los israelíes en los territorios ocupados. Alguno me dijo que suena exagerado, pero lo exagerado fue el operativo policíaco en una pequeña comisaría meridana, la que fue escenario de un operativo de policías antimotines con más de un centenar de elementos, los que todavía custodian la población para “mantener el orden”. Los policías irrumpieron dentro de los hogares de forma violenta, rompieron puertas, arrestaron a personas que no tenían nada que ver que se encontraban dentro de sus casas, lanzaron decenas de gases lacrimógenos, golpearon a quienes pudieron en respuesta a las pedradas de los habitantes enardecidos por la presencia policíaca y de sus provocaciones.

Esto sucedía en Yucatán, mientras el gobernador se encontraba en la Ciudad de México firmando en Los Pinos un convenio para las personas con discapacidad. La orden de entrar con toda la fuerza policíaca ¿de dónde salió? ¿De la secretaría general de Gobierno?

Estamos ante una pequeña comisaría meridana de unos cuantos miles de habitantes, los que salieron masivamente a las calles incluyendo mujeres y niños al escuchar las campanas de la iglesia para defender, por tercera ocasión, del desalojo de su casa a un anciano señor, a Salvador Euán Chi, de 96 años de edad, parte querida de la comunidad, quien vendió su hogar con engaños y la falsificación de firmas de un sobrino, Antonio Chalé Euán, según nos cuentan habitantes locales.

Gases lacrimógenos, policías antimotines y macanazos contra una población cuyas tierras son objeto del deseo y de litigios legales de poderosos terratenientes y empresarios yucatecos, padrinos del gobierno actual.

Para mí, detrás de la revuelta de Chablekal hay mucho más que el rechazo al despojo de su hogar a un pobre anciano. Mucho más, que no es poco, de la defensa de un anciano en sillas de ruedas por parte de una comunidad que decidió hacer escudo, meter el hombro, indignarse, para defender a un hombre ya sin fuerzas. Ayer vimos a un pueblo que decidió no quedarse cómodamente en su casa viendo la mala televisión abierta o escuchando a funcionarios y la radio local que los llamó “turba y saqueadores”, mientras la policía hacía escudo pero para proteger a los actuarios por orden de un juez.

Lo que sucedió en Chablekal evidencia hartazgo social, hacia las autoridades, hacia quienes buscar apropiarse de sus tierras, de sus casas, de sus bienes, porque la comisaría se encuentra en la ruta del crecimiento de la ciudad de Mérida y ahora la plusvalía todo lo justifica. Pero es también el hartazgo social en el estado vendido todos los días, literalmente, como una tierra sin protesta ni problemas sociales, habitado por dóciles habitantes que se conforman con las migajas que les tiren.

En España, en los últimos años, se volvieron constantes las escenas de desalojos, respaldados por policías, de ciudadanos que no podían pagar las hipotecas de sus casas. En respuesta surgieron movimientos sociales para impedir que la gente fuera a dar con el plato de comida a la acera con sus escasas pertenencias. Los enfrentamientos han sido moneda común. La policía al servicio del capital, custodiando con sus macanas y armas a los representantes de las empresas hipotecarias, de los bancos, de las inmobiliarias.

Pero el problema social en España de los desahucios ha cobrado tales dimensiones, de cientos de miles de desahuciados de sus hogares por impago, que decenas de ayuntamientos españoles han promovido modificaciones legales a “la injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con buena parte de la deuda, con una condena financiera de por vida”.

En un pronunciamiento los ayuntamientos expresan que “a pesar de que los procesos de ejecución hipotecaria dependen de una normativa de competencia estatal, sus efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es en los municipios donde se producen los brutales y masivos desahucios, y es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas”.

infolliterasSabemos que en Yucatán, por toda la geografía del Estado, se multiplican los despojos de tierras, de casas, operadas por mafias que tienen perfeccionado su modus operandi y que gozan de la complicidad de autoridades y del apoyo irrestricto de la fuerza pública. Es hora de comenzar a plantear en otros términos el problema social, indiscutible, que ya existe en Yucatán, desde una perspectiva de justicia. Es un llamado a las autoridades de todos los niveles, judiciales y legislativas, también.

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Artículos relacionados