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En segundos, SEIDO despedazó un negocio honesto de 25 años

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En segundos, SEIDO despedazó un negocio honesto de 25 años

exto íntegro del comunicado de la empresa First National Security de Cancún, en el que narra puntualmente el ilegal proceder de la SEIDO al asegurar de manera irregular mil 500 cajas de seguridad

La empresa First National Security de Cancún emitió ayer un comunicado de prensa en el que narró puntualmente el ilegal proceder de la SEIDO al asegurar de manera irregular mil 500 cajas de seguridad, con lo que despedazó en segundos un negocio honesto de 25 años.

En un documento, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al Procurador General de la República, a los arrendatarios de las cajas de seguridad de FNS y a la ciudadanía en general, el representante legal de la empresa, Santiago Ancona Teigell, precisó puntos esenciales con respecto a este caso.
Por considerarlo de interés general, así como de importancia periodística-informativa, a continuación se transcribe íntegro:

COMUNICADO

Desde el día 9 de octubre, fecha en la que entró por la fuerza la SEIDO a FIRST NATIONAL SECURITY, se han difundido múltiples versiones (algunas ciertas, otras falsas) de los hechos sucedidos, lo cual me obliga a realizar las siguientes precisiones:
1. LA EMPRESA FIRST NATIONAL SECURITY opera (operaba) un negocio dedicado exclusivamente a la renta de cajas de seguridad a los clientes que desearan guardar en ellas en forma segura sus documentos y demás bienes o valores que consideraran. El local donde opera el negocio está ubicado en el centro comercial Plaza América y tiene una superficie aproximada de 120 m2, de los que una gran parte son oficinas y áreas de acceso y hay (o había) una bóveda en cuyo interior se encontraban un poco más de mil quinientas cajas de seguridad en arrendamiento, las cuales en su mayoría son muy pequeñas. La empresa sólo renta espacios dentro de un área vigilada y segura, donde el cliente (arrendatario) guarda sus pertenencias según usos y costumbres a nivel mundial.
2. La renta de cajas de seguridad no es una actividad vulnerable. La Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita señala puntualmente en los catorce incisos de su artículo 17 cuáles son las actividades señaladas como vulnerables y en ninguna fracción de dicho artículo se establece que la renta de cajas de seguridad sea una actividad de esta naturaleza, pero independientemente de lo anterior y en el supuesto de que indebidamente se considerara así por la autoridad competente, esto sólo daría lugar a sanciones administrativas.
3. Por el mismo giro y naturaleza del negocio, no conozco en forma personal, ni de vista, trato ni comunicación a la gran mayoría de nuestros clientes, ya que los trámites para contratar en renta una caja de seguridad se hacían con el personal encargado de la oficina y, por el sistema de operación del negocio (casi mecánico), a todos nuestros arrendatarios se les daba el mismo trato de respeto a su privacidad. Jamás recibí una queja y jamás la empresa dio un trato preferencial o distinto a algún arrendatario
4. Nuestros arrendatarios saben que la logística del negocio era relativamente sencilla: Al momento de contratar se les entregaba una llave y una copia de la misma al arrendatario y se registraba su huella y nombre en el sistema de seguridad, de tal suerte que éste podía acudir al local de la empresa las veces y/o días que quisiera (en horas hábiles), poner en la entrada su clave y se le abrían las compuertas o exclusas de acceso a la bóveda, donde se encuentran todas las cajas de seguridad, para que ingresara y pudiera dirigirse al casillero donde se encontraba su caja de seguridad e introducir en la compuerta su llave y el encargado que se encuentra dentro de la bóveda introdujera la otra llave para poder abrir esa compuerta y, una vez hecho eso, se retiraba la persona de seguridad, respetando la privacidad del arrendatario y éste ya podía sustraer de ese espacio su caja metálica de seguridad y llevarla a uno de los pequeños privados en los que sólo cabe una persona. En dicho espacio podía abrir su caja e introducir en ella o retirar de ella lo que quisiera, para luego cerrar su caja y llevarla al casillero correspondiente y cerrar su compuerta. Ni la empresa ni los empleados de la misma sabemos el contenido de ninguna de las cajas; su contenido es responsabilidad de cada arrendatario.
5. En el área de entrada al local, las oficinas y la bóveda existen cámaras que videograban qué personas entran y salen, en excepción de los privados. Los archivos de videograbación se conservan por seis meses en la computadora y por cuatro años en discos compactos en las oficinas. En las oficinas que fueron materia del aseguramiento del 9 de octubre pasado se encontraba toda la documentación de la empresa y las bases de datos de todos nuestros arrendatarios. (Tanto en documentos físicos como digitales).
6. Tanto el suscrito como los demás integrantes y empleados de FIRST NATIONAL SECURITY, no sabíamos de ningún operativo o aseguramiento que se fuera a realizar, por lo tanto, es falso el rumor que corrió en el sentido de que el suscrito o los demás empleados de la empresa hayamos podido avisar previamente a alguien en fechas anteriores a la realización del operativo.
7. El mismo 9 de octubre, a las dos de la mañana, fuimos avisados por la central de alarmas que se había disparado una alerta en el local, por lo que acudimos a esa hora a ver qué ocurría; al llegar al lugar nos percatamos que la plaza estaba cercada y custodiada por la Policía Federal y al manifestarle a uno de los agentes que las oficinas de FIRST NATIONAL SECURITY se encontraban en el perímetro asegurado y que la alarma del local se había activado, dicho agente nos dijo que no podíamos pasar, pero que no nos preocupáramos, que volviéramos en unas horas más, lo que en efecto hicimos (a las ocho de la mañana) percatándonos que a esa hora ya se habían apostado tanquetas y marinos, quienes ahora custodiaban el local, constatando que el operativo estaba dirigido precisamente a nuestro local, por lo que quisimos hablar con el encargado de dicho operativo, pero nos dijeron que no nos podían dar informes.
8. El suscrito nunca ha estado involucrado en un pleito legal y mucho menos de carácter penal, así que acudí por asesoría legal y promoví un amparo que se admitió, pero me negaron la suspensión. Esta demanda de amparo sigue su curso y hemos hecho varias ampliaciones, señalando nuevos actos y autoridades.
9. El miércoles 11 de octubre recibimos una llamada telefónica en la que una persona que dijo apellidarse Martínez nos dijo, entre otras cosas, que ellos sabían que nosotros éramos gente de bien, pero querían nuestra cooperación para abrir la bóveda y que pudieran sacar las cajas de la persona que estaba siendo investigada, a lo que se respondió que no era necesario que hubieran actuado en esa forma, que eso era casi un atraco, que estaban afectando a mil quinientos usuarios y que nosotros estábamos en total disposición de cooperar en todo, pero dentro del marco de lo legal, respondiéndonos el interlocutor que el problema era por una investigación en contra de “Doña Lety”, quien tenía una orden de aprehensión desde hace siete años y que no se explicaban cómo la habíamos aceptado de cliente, a lo que se le respondió que no conocíamos a esa señora, que no sabíamos si ésta era arrendataria. El referido intermediario del Ministerio Público nos dio un número telefónico y nos dijo que nos comunicáramos con el Licenciado que también se apellidaba Martínez, lo que intentamos hacer en múltiples ocasiones desde el jueves hasta el domingo, sin poder llegar a tener contacto alguno.
10. Ante esta incertidumbre, instruí a mis abogados a que acudieran a las oficinas de la SEIDO en la Ciudad de México con la consigna de presentar un escrito en el que señalamos un domicilio para oír y recibir notificaciones y en el que igualmente explicábamos que las mil quinientas cajas de seguridad estaban rentadas, que se estaba afectando a mil quinientos arrendatarios y que estábamos dispuestos a coadyuvar en todo lo posible, claro, dentro del marco legal, solicitándoles también que liberaran a la brevedad las cajas de los usuarios que no estaban siendo investigados. El fiscal encargado de la carpeta de investigación señaló que el problema era por Doña Lety y Borge y que mejor les dijéramos qué cajas eran las que estaban ocupando ellos o sus prestanombres o las que tenían irregularidades, a lo que les reiteré por conducto de mis abogados que no conocía a la referida Doña Lety ni habíamos tenido trato con Borge ni sus prestanombres, ni qué cajas tenían irregularidades, reiterándoles que estábamos a sus órdenes y dispuestos a cooperar, de manera que si nos enseñaran la orden de cateo les abriríamos la bóveda para que se dirigieran a las cajas motivo de su investigación y que además ellos tenían toda la documentación de los clientes, porque ya habían asegurado la oficina, así que ya tenían información para saber qué caja buscaban y de quién. Ellos insistieron en que la empresa le daba un trato especial a Doña Lety y le pedí a mi abogado que reiterara que no la conocíamos y que ellos podían verificar esto con las videograbaciones, en las que se puede apreciar la forma de operar de la empresa y sus empleados (había material de grabación equivalente a cuatro años y medio) y que ahí podrían constatar que no se le da trato especial a ningún cliente, ya que todo está filmado desde la entrada al local. Las entrevistas con el Fiscal asignado a la carpeta de investigación concluyeron con la promesa de entregarnos un oficio en dos días, pero ese oficio no llegó, no obstante que abogados de la empresa acudieron a las instalaciones de la SEIDO en dos ocasiones posteriores.
Nos parece que la SEIDO pretenderá justificar su proceder con las cosas que supuestamente ya ha encontrado al interior de las cajas de seguridad, pero en cualquier escenario (claro, pensando que lo obtenido en el operativo no esté viciado por las formas y, por ende, considerarse como una prueba obtenida ilícitamente) no hay nada que justifique una acción de este calibre, que consideramos violatorio de los derechos fundamentales y humanos de mi representada y de mil quinientas personas. Algo anda mal en la balanza de la SEIDO; no sé cómo puede pensar que la pesca de 10 ó 50 atunes justifica la matanza de mil quinientos delfines
La SEIDO tiene suficientes elementos y herramientas legales para realizar una labor de inteligencia adecuada, usando las técnicas de investigación que señala la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para lograr el objetivo y perseguir a quienes violentan la ley. Lejos de ello, la autoridad realizó una pesquisa generalizada cuando no tenía necesidad de ello.
Quiero aclarar que no he recibido ninguna notificación de la SEIDO ni he tenido contacto alguno con ellos distinto al que está señalado en este comunicado. Ningún empleado o miembro de la empresa ha estado presente en las diligencias que ha practicado la autoridad hasta la fecha, incluido el supuesto cateo y la supuesta apertura de las cajas. La información que ha venido circulando es totalmente falsa.
Se ha dicho en distintos medios de comunicación que los actos de la autoridad afectaron profundamente los derechos de privacidad y de presunción de inocencia de mil quinientos usuarios y nos parece que se transgredieron una buena parte de los derechos consignados en los artículos 1°, 14 y 16 de nuestra Constitución.
El actuar de la autoridad despedazó en segundos lo que me costó construir y edificar veinticinco años; el patrimonio que he perdido era un negocio honesto, que se basaba en la confianza, seguridad y comodidad de mis clientes, personas como Ustedes y como yo que han sido víctimas de la delincuencia o viven en constante peligro al guardar sus pertenencias u objetos preciados al interior de su domicilio, pero además, la actuación de la autoridad expuso irresponsablemente a la empresa y a todos ustedes en la vitrina de la culpabilidad, en donde nunca quisieron estar e incluso esta posición los expone a otros riesgos.
No podemos dejar de sentirnos vulnerables, víctimas de un atropello inédito; la autoridad nos ha tratado con indiferencia y el daño que nos causaron y nos siguen causando parece no ser tan importante para ellos… Como si Ustedes fueran los enemigos. Esta clara y categórica violación de derechos humanos no puede ni debe quedar impune.
Si no defendemos esta arbitrariedad, cada quien desde su trinchera, aceptamos tácitamente que en nuestro país no existe la privacidad, no existe la presunción de inocencia y los derechos humanos sólo aparecen en el papel, no en los hechos o en el actuar de quienes tienen la obligación constitucional de protegernos.
No podemos pensar que éste será un caso aislado; hoy fue la afectación a mil quinientas cajas de seguridad privadas (seguramente la inmensa mayoría de ellas arrendadas por gente honesta y luchadora), mañana serán nuestros fraccionamientos o edificios.
Es evidente que el suscrito ni la empresa que represento o mis abogados defienden o solapan a los miembros de la delincuencia organizada, nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Defendemos la forma en que se violentaron los derechos humanos de mil quinientos clientes o arrendatarios y de mi empresa.

Sólo dos posibilidades

Más allá de cualquier acuerdo o desacuerdo jurídico en relación a este asunto, sólo hay dos posibilidades:
A) Si la SEIDO actuó apegándose a Derecho y se ajustó a la orden de cateo otorgada por un juez (cosa que de antemano me parece inconcebible), entonces no quiero que mi país tenga ese tipo de jueces ni de leyes, donde con esa laxitud se afecta a tantas personas inocentes y contrasta de manera tan abierta con la original intención de la norma constitucional.
B) Si la SEIDO no actuó con apego a Derecho y se excedió respecto a la orden judicial otorgada originalmente, entonces no quiero que mi país tenga ese tipo de autoridades.
Ambos casos conducen a la anarquía y todos nos merecemos justicia y respeto.
No nos confundamos ni nos distraigamos, éste no es un pleito de ricos y pobres, de afectados contra no afectados, éste es un pleito que nos atañe a todos, es una lucha por el país en el que queremos y merecemos vivir.
Atendiendo a la forma en que se ha conducido la SEIDO tengo muy poca esperanza de ser tratado con justicia, legalidad y equidad, pero seguiré peleando por lo que creo; seguiré luchando por el respeto a mis derechos y los de mis arrendatarios. Sé que mi voz se va a ahogar con todo el peso de una institución tan poderosa como es la actuación del Estado.
Confío en que algún día se hará justicia y creo que quienes hoy están encumbrados mañana suplicarán respeto a sus derechos humanos.
De corazón me solidarizo con todos los arrendatarios que hemos sido injustamente afectados; ojalá pudiera hacer más de lo que estoy haciendo por Ustedes, pero espero que entiendan que este problema no fue provocado por mí. A lo que me comprometo es a seguir haciendo todo lo que esté de mi parte o de parte de mi empresa para resolver este problema; créanme que lo lamento y hubiera hecho todo lo posible por evitarles pasar un trago tan amargo.
Seguiré siempre a sus órdenes.
Espero que esto aclare mi posición y la posición de lo que queda de mi empresa, y solicito el auxilio y la intervención de las autoridades a quienes va dirigido este escrito a fin de que este problema se solucione con legalidad, pero sobre todo con justicia.

Ing. Santiago Enrique Felipe Ancona Teigell

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