Mérida, Yucatán, a 30 de agosto de 2012.- El pleno del Congreso local aprobó por mayoría la Ley de Bienes del estado que se convierte en la norma número 36 de la LIX Legislatura de Yucatán.

El nuevo ordenamiento regulará el régimen del conjunto de bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio del estado de Yucatán y de los municipios, así como los derechos y obligaciones de estas propiedades y su forma de adquisición o asignación.

Durante la discusión del dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Martha Góngora Sánchez, sostuvo que se trata de una ley que permitirá que Yucatán tenga una nueva herramienta jurídica con visión actualizada y sea eficiente en la administración pública.

La diputada del PRI remarcó que se transparentará el proceso de enajenación lo que dará una mayor certeza jurídica, además de que  puntualizó que fueron contempladas la mayoría de las propuestas que planteó el PAN para enriquecer la iniciativa.

Por su parte, el diputado José Carlos Puerto Patrón (PAN) recalcó la postura de su bancada al rechazar que el gobierno estatal y los municipios puedan pagar sus deudas con bienes inmuebles.

Los legisladores Tito Sánchez Camargo (PAN) y Elsy Mena Acevedo (PRD) se sumaron a la postura de Puerto Patrón.

A su vez, el diputado Adolfo Calderón Sabido (PRI), criticó a los legisladores que se oponían al progreso del estado, esgrimiendo especulaciones y argumentos sin fundamento.

Durante la realización del V Periodo Extraordinario de Sesiones se aprobó por unanimidad, el dictamen de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial con las que se modificaron aspectos para hacer más efectiva la actualización de los órganos de justicia del Estado.

De igual manera,  se contempla que los jueces de paz sigan bajo la tutela de los ayuntamientos hasta el 2015 para que después de esa fecha se incorpore esa responsabilidad al Poder Judicial.

También aprobaron las iniciativas que reforman al Código Penal del Estado relativo a las sanciones al robo de ganado y feminicidio, así como para derogar la figura del homicidio en razón de honor, las tres propuestas provenientes de la fracción parlamentaria del PAN.

En la discusión del dictamen, el diputado Carlos Pavón Flores (PRI), sostuvo que estas modificaciones al Código Penal de la Entidad dejan buenos resultados a la sociedad yucateca.

“Se dan grandes pasos para que Yucatán siga siendo un estado de vanguardia en la protección de los derechos de sus habitantes”, apuntó.

De igual manera, dejó en claro que aprobar estas iniciativas no significa otorgar una concesión para nadie, sino que el único interés que movía a los diputados del PRI era el bien de Yucatán.

En su intervención, la diputada Lizbeth Medina Rodríguez (PAN), destacó la aprobación de las reformas que permitirán tipificar al homicidio como delito grave con una sanción que puede ser de hasta 40 años de prisión.

“No sólo basta  llenarse de buenas intenciones,  es necesario llevar a cabo esas acciones positivas en beneficio de los ciudadanos, y así lograr la protección a los Derechos Humanos que es para lo cual trabajamos”, resaltó.

En los mismos términos de aprobación se pronunció la diputada Elsy Mena Acevedo (PRD).

La Mesa Directiva estuvo integrada por los diputados Martha  Góngora Sánchez (PRI) como presidenta y Pedro Cohuó Suaste y Carlos David Ramírez y Sánchez, como secretarios.