Por Alejandro Pulido Cayón
Mérida, Yucatán, a 30 de julio de 2010.- Variados son los problemas que enfrenta la cultura en el país. El acceso a la cultura, derecho considerado de tercera generación, implica un esfuerzo colosal para sumar voluntades y delinear un horizonte que trascienda la visión reduccionista que macera lo cultural con lo artístico. Se sabe que el concepto abraca mucho más que las bellas artes o nuevas artes, sin embargo, es a partir de ello que adquiere sustancia y se materializa en acciones que generan bienestar y desarrollo humano, enaltecen aquello concebido como alma.
Hoy, el acceso a la cultura está en debate nacional. Se precisan nuevos marcos jurídicos que finquen, de una buena vez, la política cultural de Estado. El Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) realizó su parte al organizar los foros de consulta estatales, primero, y el regional después. Yucatán fue la sede de la región sur-sureste para este diálogo plural. En representación de la comunidad, habló el titular de esa dependencia, Renán Guillermo González, quien sintetizó en apenas 20 cuartillas las principales propuestas de la entidad para “el enriquecimiento cultural de nuestra sociedad”.
Cierto es que, por naturaleza, la cultura se significa en un proceso social independiente de las instituciones estatales. Es inherente al ser humano. Sea unipersonal o colectiva, la cultura dimana por voluntad propia; no así lo que se considera arte -pese a que todos cuentan con ese potencial artístico latente, por la simple condición humana-, lo artístico requiere directrices, se somete a cánones y los despedaza en búsquedas de libertad expresiva. Al arte subyace la estética. Este es, quizás, el principal punto de inflexión para el establecimiento de una política cultural. Toda ley que pretenda normar el desarrollo cultural, ha de ser incluyente, plural, dirigida a la reconstitución del tejido social. Y eso es algo que se planteó desde la tribuna de Yucatán.
Guillermo González propone que “el nivel federal requerirá de un organismo especializado en la materia, ya que actualmente, según el decreto de creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, todo lo relacionado con el derecho a la cultura es una facultad originaria de la Secretaría de Educación, lo que trae como consecuencia un vacío en la figura rectora, debido a que la función prioritaria de este órgano especializado es la de salvaguardar los derechos culturales así como fomentarlos”.
Añade que se debe “considerar en la legislación en materia de cultura la creación de programas vinculados estrechamente con la acción preventiva e fin de posibilitar el acceso a presupuesto suficiente que permita a las instituciones públicas de la materia interactuar con otras dependencias en actividades de desarrollo individual y colectivo en las comunidades”.
De lo anterior, destacan dos ideas prioritarias: la capacidad rectora demandada, que permitiría establecer los parámetros deseables y rumbo hacia el que se dirigirían las acciones de fomento cultural (entre las que se incluyen grupos vulnerables y de alto riesgo); a la vez, se pretendería establecer programas de “acción preventiva”, ello implica que a un mayor fomento de la cultura y las artes en la comunidad, correspondería un decremento en los índices delictivos.
Valdría retomar el planteamiento del investigador venezolano Rafael Araiza Lucca, quien acertadamente señala que “todavía no se han preguntado si la falta de agua puede tener su raíz en la paupérrima formación cultural de quienes han debido hacer lo propio para que el agua circule”. De ahí que hacer obligatoria la oferta de bienes y servicios culturales se relaciona directamente con el combate a la pobreza. Visto de ese modo, la rectoría cultural se hace prioritaria, máxime cuando el entorno de las industrias culturales forma parte del binomio arte-cultura.
La experiencia del maestro José Luis Chan Sabido, con los núcleos orquestales que dirige en Motul, Timucuy y comisarías de Mérida; así como el proyecto encabezado por Juan José Pastor para fomentar el estudio musical en albergues del CDI, han rendido frutos al atender a más de un millar de niños en situación vulnerable que, a partir del contacto con el arte, han ampliado sus expectativas. Claro, eso es un proyecto a largo plazo, pero que bien podría formar parte de la política cultural deseada. Ambos proyectos, han surgido del interés personal de los artistas por modificar el entorno, y fueron acogidos por el ICY y el Ministerio del Exterior de España, respectivamente. Lo cual confirma que la cultura tiene vida propia, al margen de las instituciones, aunque son éstas precisamente las que cuentan con la capacidad de articular esos esfuerzos y gestionar recursos que los materialicen.
Sin temor a la verdad: las instituciones culturales del país están en crisis. Urge la reforma legal que las cohesione y organice de mejor manera.
Nadie duda que resulte prioritario el apoyo a artistas e intelectuales, que ha de haber una retribución social por parte de los beneficiarios de las actuales políticas culturales basadas en la entrega de estímulos. Pero tampoco se pone en tela de juicio que los directivos de las instituciones culturales, además de ser, valga la redundancia, personas cultas, han de ser también honestos y hábiles administradores. Queda abierto el diálogo.
