Mérida, Yucatán, a 26 de agosto del 2010.- La diputada Magaly Cruz Nucamendi afirmó que en Yucatán falta una mayor incidencia en la protección de los derechos humanos, sobre todo en lo que se refiere a las quejas y denuncias interpuestas en contra de autoridades estatales como la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia que han acumulado 976 casos en cuatro años.

“Las detenciones arbitrarias, las violaciones al derecho y a la seguridad personal y jurídica son asuntos que requieren una atención urgente  y diferente en nuestra entidad”, expresó.

“El incumplimiento en la defensa de los derechos humanos o la demora en la atención puede representar un problema si no se atiende enérgicamente por la instancia que por ley está obligada a hacerlo”, recalcó.

Y dijo que “la sociedad yucateca exige que la Codhey cumpla con las expectativas e intervenga a tiempo, que su función no sea de oficina  o de declaraciones”.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) intervino en el punto de asuntos generales de la sesión del Pleno en la que rindió su informe anual el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Jorge Victoria Maldonado, debido a que el esquema de la comparecencia no permite fijar un posicionamiento en el marco de la presentación del Ombudsman.

La legisladora panista enumeró algunos de los casos recientes y notorios de violaciones de los derechos humanos, por parte de los cuerpos policiacos estatales: la muerte del ex bracero Robert Gilberto Tzab Ek cuando se encontraba en una celda de la Policía Judicial; las detenciones del ex alcalde de Dzemul, Eduardo Chuc Baas, critico de su coterránea Ivonne Ortega, con el argumento de que había roto el sello de clausurado de su tienda; la de  José Guadalupe Tzab Pech (a) “Brujo” también vecino de Dzemul quien permaneció en la cárcel 81 días acusado de un robo que no se comprobó porque la denuncia no fue ratificada y su presunto acusador dio una dirección para notificación inexistente, y los siete detenidos en Komchén poco antes de las elecciones de mayo, acusados de ser un “grupo de choque”. La actuaria de un juzgado federal dio fe de las lesiones que presentaba uno de ellos. Hasta hoy, las autoridades responsables no han sido sancionadas en ninguno de esos casos.

“Los derechos humanos en Yucatán son un tema que no sólo la Comisión del Estado, las autoridades y los diversos sectores de la sociedad tenemos la enorme responsabilidad de ser vigilantes, de respetar, denunciar y, sobre todo, cumplir”, señaló.

Cruz Nucamendi propuso reformar las leyes de la Comisión de Derechos Humanos que fue expedida en 2002, y la que se aplica para Prevenir y Sancionar la Tortura y que la Comisión legislativa respectiva esté vigilante de la actuación de la CODHEY.