Mérida, Yucatán, a 22 de abril de 2010.- Con el tiempo en contra, la ex administradora del Ayuntamiento de Mérida, Lolbé Carrillo Jiménez, habría agotado todas las instancias legales para sustraerse de la multa por seis millones 300 mil pesos, sostuvo el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Vicente Tun Velázquez.

En entrevista, el magistrado argumentó que el fallo del Tribunal de Circuito del Poder Judicial de la Federación habrá de ser respetado por la ex funcionaria municipal, ya que desconoce que exista alguna otra instancia a la que pueda acudir Carrillo Jiménez para revertir la sentencia, que se dio de forma colegiada con dos votos a favor y uno en contra.

Tun Velázquez dijo que tuvo conocimiento del caso, y tras realizar la evaluación y estudio del mismo, determinó que los procedimientos de la Contraloría General del Estado fueron adecuados y negó la solicitud para desestimar la primera resolución.

Cuando Carrillo Jiménez fungió como directora de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), junto con la entonces directora de administración de esa dependencia, Aracelly Domínguez Cabrera, otorgaron un donativo por más tres millones de pesos a la asociación civil “Niños y Crías”, a fin de apoyar proyectos para el cuidado del agua.

Sin embargo, y a pesar de que se trató de una decisión tomada por la Junta de Gobierno de la Japay, en una auditoría realizada por la Contraloría, se determinó que las ex funcionarias habrían incurrido en una irregularidad, puesto que estaban imposibilitadas a otorgar esos recursos porque no se cumplía con el objetivo para el que debía destinarse ese dinero.

El magistrado rechazó que se hubiera actuado con dolo en este caso particular, y añadió que fue precisamente porque incurrieron en una falta administrativa que se les negó el Amparo.

En lo que corresponde al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, éste ha cumplido su responsabilidad, si la ex funcionaria interpone una queja o denuncia en contra del organismo, esperamos conocerlo y preparar la defensa y alegatos, dijo Tun Velázquez.

Hasta el momento, ya se practicó un embargo precautorio por un millón 200 mil pesos a la ex funcionaria, además de que se le inhabilitó para el ejercicio de la función pública durante seis meses.

De acuerdo con el procedimiento que se le sigue a Carrillo Jiménez y a Domínguez Cabrera, cuentan con un período de 45 días para saldar la multa de seis millones 300 mil pesos que se les impuso, que de no ser solventada la Contraloría podría proceder al reclamo de esa suma mediante acciones penales.

Por su parte, Carrillo Jiménez ha expresado que recurrirá al Consejo de la Judicatura a fin de que se analicen las condiciones en las que el Tribunal de Circuito determinó negarle el Amparo, toda vez que, señala, se evitó aplicar una jurisprudencia que fue sustituida por tesis aisladas.