Mérida, Yucatán, a 27 de junio de 2011.- La Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa de Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, enviada por el Poder  Ejecutivo.

El nuevo instituto será un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado a la Consejería Jurídica, el cual se regirá por lo previsto en esta ley, su Estatuto Orgánico, el reglamento y las demás disposiciones legales aplicables, responsable de dirigir, coordinar, organizar, ejercer, vigilar, evaluar, y llevar a cabo las funciones públicas correspondientes al Registro Público, Catastro y al Archivo Notarial en el Estado, para otorgar la correcta y apropiada seguridad jurídica en materia patrimonial.

 El dictamen señala que el Instituto se encargará de desarrollar las funciones catastrales, registrales y las del archivo notarial, para quedar integrados en una sola institución y, para cumplir con sus objetivos, el organismo establecerá y uniformar las políticas, normas y criterios a seguir en esas materias, para así alcanzar los más altos estándares de calidad y de certidumbre jurídica al patrimonio de los yucatecos.

La finalidad de este Instituto es la de otorgar seguridad jurídica a la propiedad, dar validez y cumplimiento a los principios registrales, proporcionar a los usuarios de manera oportuna, eficaz y eficiente los servicios registrales.

Como cometido público, tendrá el de ejercer toda la función registral en el Estado, establecerá los programas necesarios para la evaluación de competencia, eficiencia y productividad del personal, diseñará e instrumentará los mecanismos necesarios para la correcta prestación del servicio en sus oficinas y los servicios electrónicos, garantizando la certeza y seguridad jurídica.

El dictamen afirma que con esta ley, se establecen las bases normativas para avanzar en la consecución de los objetivos estratégicos fijados para impulsar a Yucatán hacia nuevos estadios de competitividad y a la vez, se contribuye a que los gobiernos, estatal y municipales, sean eficientes y eficaces, al dar respuesta a las necesidades de la sociedad.

Así también con el nuevo Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, se busca garantizar con mayor certeza los derechos de la ciudadanía en materia patrimonial y fortalecer la convivencia pacífica que conlleva, así como la consolidación de un clima favorable para la llegada de nuevas inversiones que generen empleo y desarrollo social, ya que ofrece a la ciudadanía y a los sectores impulsores de vivienda y de fe pública, un organismo con capacidad de potencializar y optimizar los servicios de seguridad jurídica patrimonial en favor del desarrollo del Estado.

La iniciativa de ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán está integrada por 236 artículos, divididos en 9 títulos y 16 artículos transitorios.

Durante su discusión el presidente de la Comisión, Víctor Caballero Durán (PRI) manifestó, que el trabajo para dictaminar sobre el tema fue de varias semanas recibiendo aportaciones de los diputados, así como de la sociedad civil de la cual se recepcionaron más de 90 propuestas.

El legislador apuntó que este nuevo instituto le dará mayor certeza a los yucatecos sobre su patrimonio y es objetivo primordial del Gobierno del Estado. Esta nueva ley entrará en vigor el próximo 15 de enero del 2012 y se tendrán 120 días para hacer su reglamento.

Por su parte, el diputado Renán Barrera Concha (PAN) habló de igual manera de las virtudes del Instituto, señalando que los habitantes de los municipios ya podrán contar con la seguridad de sus propiedades.

En el Punto de los Asuntos Generales, el diputado  Tito Sánchez Camargo (PAN) pidió que se inicie el análisis de la iniciativa de reforma electoral propuesta por la diputada Magaly Cruz Nucamendi (PAN).

La diputada Martha Góngora Sánchez (PRI) le hizo notar que la iniciativa ya fue distribuida entre los Legisladores de la comisión por lo cual ya deben de estar haciendo su labor de análisis, para que en una sesión próxima de la comisión se pueda discutir.