Mérida, Yucatán, a 12 de Enero de 2012.- Por lo menos seis nuevas normas locales y una profunda reforma en materia de Derechos Humanos, serán los temas que conforman la agenda legislativa para el VI Periodo Ordinario de Sesiones que impulsarán las fracciones parlamentarias del PRI y PVEM.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Mauricio Sahuí Rivero, señaló que los ejes temáticos que se abordarán serán: garantías institucionales, competitividad gubernamental, bienestar social, así como seguridad y justicia.

El coordinador de la bancada del PVEM, Carlos David Ramírez y Sánchez, sostuvo que la agenda para los próximos tres meses no será limitativa, por lo que se incluirán otros temas.

En materia de nuevas normas se promoverá la aprobación de: la Ley de Límites Territoriales Intermunicipales del Estado de Yucatán, Código de Familia, Código Penal del Estado de Yucatán, Código de Procedimientos Familiares, Ley de Profesiones del Estado de Yucatán y Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios.

Un tema importante será la reforma a la Constitución local y a la Ley de Derechos Humanos del Estado, en cumplimiento con lo establecido en la Carta Magna que recientemente tuvo modificaciones, mismas que el Congreso local aprobó al erigirse en Constituyente Permanente.

La propuesta de agenda también considera como parte de la modernización de las normas internas del Congreso del Estado la iniciativa del Reglamento del Servicio Profesional Legislativo.

También se analizará la autorización para la realización del programa de impulso a la infraestructura y servicios de salud de Yucatán, a través del esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS) para el desarrollo y licitación conjunta o separada de hasta tres centros hospitalarios en los Municipios de Mérida, Tizimín y Ticul que fue presentada por el Ejecutivo estatal.

Otro asunto en cartera será la designación de un tercer consejero del Instituto de Acceso a la Información Pública (INAIP) que, de acuerdo con la ley de la materia, deberá ser nombrado por el Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, de entre una terna que presente la titular del Ejecutivo.

En caso de no lograrse la votación calificada, se realizará la designación respectiva por el método de insaculación.