Mérida, Yucatán, a 25 de agosto de 2012.- De acuerdo con la iniciativa de Ley de Bienes del Estado de Yucatán, que envío a última hora el Ejecutivo estatal al Congreso y que está en estudio en la Comisión de Puntos Constitucionales, se abre la posibilidad de que el gobierno del Estado, o sea los tres poderes, y los ayuntamientos puedan saldar deudas utilizando en pago los bienes inmuebles de que disponen.
Pero además se pretende que para la enajenación de los bienes públicos ya no se apliquen avalúos comerciales, como está en la ley vigente, sino que sirva de base el avalúo catastral, que siempre es mucho menor al comercial, con lo que se corre el riesgo de causar un daño al patrimonio público.
Durante la sesión de ayer de la Comisión, el diputado panista José Carlos Puerto Patrón dio la voz de alerta y solicitó eliminar de la iniciativa el artículo 7 de la iniciativa en el que se establece la facultad de enajenar mediante la dación en pago, o sea, entregar un bien inmueble como pago de una obligación contraída por la autoridad.
Precisó que el artículo 32, fracción XI, establece que los bienes del dominio privado del patrimonio del Estado y de los municipios pueden ser objeto de dación en pago “para la terminación de cualquier obligación”.
En concreto, explicó, se está abriendo la posibilidad de que las obligaciones de pago del gobierno del Estado y municipios se salden por la vía fácil que es entregando bienes inmuebles.
—El Estado no puede contraer obligaciones que no esté en posibilidades de cumplir –recalcó-. En el ámbito federal no se contempla la figura de dación en pago para los casos de enajenación. Es diferente cuando se trata de que el gobierno adquiera bienes de particulares en dación de pago ya que pudiera ser la única manera en que pueda cobrar algún adeudo, pero jamás para que la autoridad se deshaga de bienes.
En otro punto, Puerto Patrón también pidió analizar si la iniciativa no tiene disposiciones inconstitucionales al violar la autonomía de los municipios ya que, de acuerdo con la propuesta, éstos tendrían que informar a la Oficialía Mayor estatal del registro e inventario de sus bienes.
Por su parte, Tito Sánchez Camargo solicitó que se modifique el título de la iniciativa debido a que en su contenido no se refiere a bienes en sentido amplio, sino sólo públicos, por lo que consideró que debe ser Ley de Bienes Públicos del Estado de Yucatán.
