El Consejo General del IPEPAC autorizó acreditar representantes del Ayuntamiento y de los ciudadanos que solicitaron el plebiscito, en los centros receptores de votación que se instalarán el 5 de abril en ese municipio, aún cuando la Ley de Participación Ciudadana no lo contempla de manera expresa.

Durante una sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó también las listas de ciudadanos que fungirán como funcionarios propietarios y suplentes de los centros receptores de votación y cuya relación será publicada en los principales periódicos del Estado el 31 de marzo y el 5 de abril próximos.

En lo referente al Plebiscito que se llevará a cabo en el municipio de Dzemul el próximo 5 de abril, el representante del Partido Acción Nacional, Luis Martínez Arellano pidió analizar a fondo, si el IPEPAC puede, a través de la consulta pública, estar por encima de la Constitución y de la voluntad de los ejidatarios, en virtud de que el ordenamiento ecológico propuesto por el Ayuntamiento consiste en la reforestación de 1,250 hectáreas de tierras ejidales.

Consideró grave “tirar a la basura 500 mil pesos del erario” porque independientemente de la resolución que se tome en el plebiscito, el ejido puede, válidamente determinar qué hacer y qué no hacer en su ejido.

En respuesta, el representante del partido Convergencia, Eduardo Soria Limón fue tajante al afirmar que con el plebiscito en ningún momento se está vulnerando la identidad, la soberanía o la voluntad de los ejidatarios y aseguró que el fondo no es el dónde sino con qué se hará la reforestación.

Reconoció que en efecto, los ejidatarios deciden sobre su ejido, pero no deciden sobre el presupuesto que pretende ejercer el Ayuntamiento, por lo que estimó “bastante banal” la discusión en torno a la legalidad o no del plebiscito.

-Creo que es nuestra  obligación fomentar la democracia participativa, el fomentar que la gente exprese su voluntad y en ese caso, este Consejo General ha estado actuando con apego a la ley, se ha estado trabajando abriendo camino en esta consulta que a final de cuentas, independientemente del resultado, está sentando un precedente muy importante –subrayó.

Por su lado, el consejero electoral y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Ariel Aldecua Kuk dejó en claro que el Instituto únicamente se apega a la Ley y si hoy se cuestiona el Plebiscito, la misma Ley de Participación Ciudadana establece los medios idóneos para impugnar los actos que se hayan dado en el procedimiento.

Recordó que el 9 de enero se emitió el catálogo de políticas públicas y acciones trascendentales y el 11 del mismo mes, se hizo público en los principales diarios del Estado, pero nadie se manifestó en contra.

Detalló que el propio Ayuntamiento de Dzemul presentó en su catálogo preliminar que el ordenamiento ecológico y territorial del espacio geográfico municipal es una acción trascendental. Un grupo de ciudadanos solicitaron formalmente la realización del Plebiscito y el IPEPAC lo admitió porque está en el catálogo, es considerado trascendental y la solicitud cumplió con todos los requisitos de ley y hasta el momento ninguna autoridad superior ha dicho que el plebiscito no puede realizarse.

Anunció, que las autoridades municipales y los ciudadanos de Dzemul se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un foro hoy por la noche donde se explicará en qué consiste el ordenamiento ecológico y suscribieron un acuerdo de buena voluntad en el que se comprometen a conducirse en un marco de civilidad, orden y paz.

Por lo anterior, hizo un llamado a todos a tratar de impulsar esta primera consulta popular y hacerla histórica en Yucatán, “vamos a apostarle a eso, a que colaboremos todos en lograr este primer ejercicio y que sea ejemplar”, expresó.

Por su lado, el consejero electoral, Néstor Santín Velázquez aclaró que en el caso de Dzemul lo que está en juego no es solamente si se hace o no la reforestación dentro del ejido sino si se ocupan recursos, tiempo, personal y equipos del Ayuntamiento para la reforestación como una política pública.

Por lo que respecta al dinero a ejercer, aclaró que no se sabe la cantidad exacta que costará la consulta pública porque se trata de la primera experiencia, además, por disposiciones de la propia ley se tendrán que insertar publicaciones en los principales periódicos por un monto global superior a los 200 mil pesos.

No obstante, calificó de peligroso condicionar o valorar la procedencia de las consultas ciudadanas tomando en consideración el costo, porque en todo caso, los costos de la democracia son menores al costo de la dictadura y puso como ejemplo a Chile donde no había dinero a partidos, ni para celebrar elecciones y menos consultas ciudadanas, pero los habitantes vivían bajo el terror de la dictadura de Pinochet.