Mérida, Yucatán, a 19 de febrero de 2013.- En Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, se aprobó por unanimidad los dictámenes de la Ley del Notariado y la Ley del Registro Civil de Yucatán.

El diputado Víctor Hugo Lozano Poveda miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, fue el encargado de hablar a nombre de los diputados del grupo parlamentario del PAN en Yucatán.

Durante su intervención, el diputado Lozano Poveda habló en primera instancia sobre la Ley de Notariado, recordando que desde su aprobación en mayo de 2010 no se le realizaba reforma alguna. Las que actualmente se aprobaron fueron presentadas por los mismos notarios quienes reconocen “la necesidad de hacer cambios a la Ley a fin de mejorar la operatividad de la función notarial”.

Mencionó igualmente las aportaciones que su bancada realizó a estas iniciativas de leyes, entre las que destacan: que el importe del seguro de Responsabilidad Civil Profesional para Notarios represente lo suficiente para garantizar los daños ocasionados por el ejercicio de sus funciones y por todo el tiempo que se ejerzan el cargo, así como lo referente a las suplencias ya que en caso de licencia de un Notario, quien ocupe la vacante cuente con la patente vigente.

Por otra parte, sobre la Ley de registro Civil y las aportaciones de la bancada del PAN, destacó lo relativo a los requisitos que deben tener todas aquellas personas que están o estarán a cargo de una Oficialía del Registro Civil, entre los que se encuentran: contar por lo menos de un año de ser avecindado en su adscripción, que los Oficiales no cuenten con antecedentes penales por delitos dolosos, que no haya sido destituidos o inhabilitados por resolución firme como servidor público, con el fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia para desempeñar el cargo.

Por último, mencionó que como fracción parlamentaria se reiteran a favor de los acuerdos que beneficien a la sociedad y reiteran su compromiso de construir mediante el diálogo los acuerdos necesarios para establecer un camino adecuado para lograr el desarrollo integral del Estado.