El secretario general de Gobierno llegó a su oficina el pasado 25 de marzo aproximadamente a las 20:00. Irrumpió sin mayores miramientos en su oficina ubicada en el segundo piso de Palacio de Gobierno, donde le esperaban un grupo reducido de ejidatarios de Valladolid, representantes de 245 campesinos mayas que se oponen a que los despojen de sus tierras y de la cooperativa que labora en el Área Natural Protegida de Otoch Ma´ax Yetel Kooh, Hogar del Mono y el Puma.

El funcionario, habituado a moverse con seguridad rayana en la prepotencia, los encaró con rudeza, según narran los ejidatarios.

Afuera, los alegres tonos pistache de los muros del patio central del Palacio, eran casi negros por la penumbra. A esa hora, los turistas ya se habían retirado de la sede del poder ejecutivo de Yucatán, estado promovido a nivel nacional e internacional como uno de los más «seguros» –con niveles de seguridad como Suiza, según se dice- y donde se respetan los «derechos humanos» y se promueve el «desarrollo sustentable».
Los reporteros que cotidianamente acampan en la oficina del primer piso ni si quiera se percataron del encuentro que estaba por tener lugar en la oscuridad de las oficinas de la calle 61 del centro urbano de la llamada “Ciudad Blanca”.

Roberto Rodríguez Asaf, secretario general de Gobierno, alzó la voz y con tono amenazador se quedó mirando con sus ojos azules al ejidatario Antonio Cocom a quien le disparó a bocajarro lo siguiente, según nos narran los mismos campesinos: “sabes qué, toma otra vez la Casa Ejidal, y mando la fuerza pública para que te saque de ahí con gases”.

Los ejidatarios le dijeron con claridad y sin temor: “sabe qué señor, a nosotros no nos vas a intimidar, ni te vamos a tener miedo, pero a usted no le queda ese papel”.

La reacción de Antonio Cocom y de los otros 5 ejidatarios presentes tomó por sorpresa al funcionario estatal, representante del gobernador, Rolando Zapata Bello, en dicha reunión.

Las risas desafiantes de los ejidatarios vallisoletanos –cuyas tierras fueron escenario en 1910 de la primera chispa de la Revolución en tierras yucatecas- puso en aprietos a Rodríguez Asaf, quien optó por huir por la misma puerta por la que había llegado, no sin antes justificarse aduciendo que tenía otras cosas que atender.

Así concluyó la segunda entrevista entre las autoridades estatales de Yucatán y los ejidatarios inconformes de Valladolid con los planes de parcelación de su ejido. La primera reunión había tenido lugar semanas antes con el subsecretario general de Gobierno, Carlos Sobrino Argáez, quien también salió con sus manos vacías del encuentro.

Posteriormente, los ejidatarios fueron citados por tercera ocasión, nuevamente en la calle 61, tres días después del segundo encuentro con Rodríguez Asaf. De nueva cuenta los campesinos mayas se desplazaron, como en las otras ocasiones, con sus propios medios, desde Valladolid y sus alrededores, donde habitan.

La tercera reunión con el secretario General de Gobierno fue aún más violenta y tuvo lugar el día 28 de marzo, un día antes de la asamblea en la que se decidiría el cambio destino de las tierras del Ejido Valladolid, a través de las maniobras del operador de la aceitada mafia de despojos de tierras que opera en el Estado de Yucatán, el ex subprocurador Rafael Acosta Solís.

En esa ocasión, Acosta Solís, acompañado por Rodríguez Asaf les dijo a los ejidatarios: “señores, yo les vengo a proponer algo: escojan la mejor tierra, y yo se las voy a dar con todo y título, y un dinerito más allá”.

La respuesta de los ejidatarios, fue cuestionar las afirmaciones del ex subprocurador: “de dónde, Rafael, va a sacar usted tierra, usted está hablando del ejido de Valladolid, y le queremos decir que son 704 los dueños de ese ejido. ¿Y usted de dónde va a sacar tierras? ¿Será cierto lo que nos está diciendo o nos está engañando?”.

Los campesinos mayas explican en español -en el que las construcciones gramaticales denotan que su lengua natal es la maya- que cuando vieron Acosta Solís y Rodríguez Asaf que no aceptábamos la oferta del abogado, intervino de vuelta el secretario General para decirnos: “señores, éste es el mejor momento, aprovechen, oportunidades como esta jamás se les va a volver a presentar. Aprovéchenlo”, insistió.

La respuesta de los ejidatarios fue contundente: “Señor, usted está acostumbrado a traicionar a su gente, pero nosotros no”.

Esta última respuesta colmó el plato de Rodríguez Asaf y Acosta Solís quienes se molestaron ante tales palabras y reviraron con amenazas, según nos narran. Acosta Solís alzó la voz y le dijo al secretario General de Gobierno, para que le escucharan los ejidatarios: “señor secretario, yo me comprometo a entregarte Punta Laguna, todas las lagunas que hay en ese polígono, cenotes, para que el gobierno lo administre”.

En ese momento, de forma abrupta, concluyó la reunión. Los ejidatarios mayas se pusieron de pie habiendo entendido, con toda claridad, que todo el peso del gobierno iría contra ellos.

Por si hacía falta Rodrígez Asaf, antes de que se marcharan, hizo una llamada al comandante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda a quien le ordenó custodiar la Casa Ejidal, nos comentan.

Y en efecto. A partir de dicha fecha la presencia de la policía estatal de Yucatán en las asambleas ejidales ha sido clave para que el Comisariado Ejidal y el grupo de ejidatarios que están de acuerdo con las maniobras de Rafael Acosta Solís y de Rodríguez Asaf hayan podido avanzar en la parcelación de tierras, de las que el sub procurador de Yucatán espera embolsarse al menos 6400 hectáreas, es decir, una porción semejante, curiosamente, a las dimensiones del Área Natural Protegida de Otoch Ma´ax Yetel Kooh, Hogar del Mono y el Puma, que incluye un conjunto de lagunas y cenotes en el que destaca Punta Laguna, por su extrema belleza prácticamente intocada, hasta ahora.

De hecho, los policías estatales no sólo han cercado la Casa Ejidal, sino que han ingresado dentro de ella y han decidido quién entra y quién se queda fuera de las asambleas, permitiendo que el grupo minoritario controlado por el Comisariado Ejidal que encabezan José Matilde Cervera Dzul, David Cupul Pool y Leonardo Maas Kumul, presidente, secretario y tesorero respectivamente, pueda imponerse utilizando inclusive a personas que no son ejidatarios, sino avecindados e inclusive simples porros a sueldo.

De todas estas maniobras hay vídeos, en los que se constata cómo intervienen los policías estatales en las asambleas ejidales para favorecer a quienes quieren cambiar el estatus de las tierras ejidales y arrancar el control de la cooperativa que opera en Punta Laguna.

Precisamente a través de la última asamblea ejidal realizada el pasado 29 de marzo, Rafael Acosta Solís fue “autorizado para que de inmediato inicie los trabajos técnicos, jurídicos y de medición del reparto agrario para cada ejidatario, incluyendo a los suspendidos (es decir, a los 245 disidentes) para que convoque a la brevedad posible y se entreguen las constancias correspondientes que garanticen a cada ejidatario su propiedad antes de que termine la administración del actual comisariado ejidal, pactándose sus honorarios de acuerdo al porcentaje que ha establecido con anterioridad con el ejido, que es el veinte por ciento de lo que se haga”.

Ese “veinte por ciento de lo que se haga” son las 6400 hectáreas que el ex subprocurador- quien es la conexión yucateca del ex tesorero del ex gobernador de Tabasco Andrés Rafael Granier Melo para la compra de 357 hectáreas de tierras en Kanasín en unos 12 millones de pesos en 2011- piensa embolsarse convirtiéndose de facto en un auténtico terrateniente y acaparador de tierras ejidales en una zona de la Península de Yucatán ambicionada por empresarios y desarrolladores turísticos e inmobiliarios por su cercanía a Cancún y Playa del Carmen.

Acosta Solís ha sido vinculado al clan Granier Melo-Sáiz Pineda-Amílcar Villanueva y a su contraparte yucateca quienes a través de Patrimonio Kanasín y otras empresas y financieras han lavado parte del erario público tabasqueño que fue desviado a Yucatán ilegalmente.

Rafael Acosta Solís, goza de derecho de picaporte en las oficinas relacionadas con la tenencia de la tierra en Yucatán (y en la Península) para obtener celeridad en trámites que a los ejidatarios les llevan años. O que simplemente, nunca prosperan.

Hace unos días Greenpeace decidió recorrer la costa de la Península de Yucatán en un buque llamado Esperanza.

Atracó en Puerto Progreso e invitó al gobernador a subir abordo con dos de sus secretarios para hablarles sobre los transgénicos y la importancia de conservar la milpa tradicional maya en Yucatán.

En la foto, sentado junto a un grupo de barbados miembros de Greenpeace, aparecieron el secretario de la Seduma de Yucatán, Eduardo Ballori San Pedro y el flamante secretario de la recién creada al vapor secretaría de Investigación, Innovación y Educación, Raúl Godoy Montañez. Junto a ellos, el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, aparecía con rostro muy interesado en lo que decían los ecologistas transnacionales.

Greenpeace informó que el gobernador “se subió al barco Esperanza para comprometerse con la comida sana y con la implementación de la estrategia de milpa tradicional en el estado propuesta por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y consolidar una política pública de transición a la agricultura ecológica antes de terminar su sexenio, que proteja la milpa, conserve prácticas tradicionales, el uso de semillas nativas y elimine el uso de agrotóxicos en sus campos”.

Sin embargo, el compromiso del Gobierno del Estado y del gobernador priista en el caso de Punta Laguna se ve desmentido. Sobre todo porque no es un caso aislado, en lo absoluto.

Pronatura, organización ecologista radicada en Yucatán desde hace décadas, ha estado ligada a los ejidatarios del Ejido Valladolid y desde el inicio del establecimiento del área natural protegida de Otoch Ma’ax Yetel Kooh, Hogar del Mono y el Puma.

A diferencia de la poderosa Greenpeace, la directora de Pronatura, María Andrade Hernández, destaca el hecho de que el establecimiento de ésta RESERVA Natural es uno de los casos muy particulares en los que las comunidades que viven alrededor son las que solicitaron que se declare área natural protegida, cosa rara en el país, desafortunadamente”.

El procedimiento para declararla área natural protegida inició hace 20 años pero el decreto se obtuvo hasta el año 2002.

Las 15 o 20 comunidades de Punta Laguna fueron apoyadas por Pronatura y otras organizaciones que supieron que los campesinos mayas estaban interesados en conservar y hacer uso sustentable de los recursos naturales. Pronatura trabajó con los ejidatarios redactando un estudio técnico justificatorio, el que fue entregado en su momento a la Semarnat.

Como explica María Andrade Hernández “hemos sido una de las organizaciones que ha estado desde el inicio de la creación de la cooperativa apoyando con nuestros socios y donantes, en la capacitación de los grupos, ayudamos a formar a la cooperativa, a que estuvieran en regla, a que todo se hiciera conforme a la ley”.

Insiste en que Pronatura “tiene conocimiento de causa de la historia y no estamos inventando ni tomando información de otro lado sino de nuestra experiencia institucional.

Explica que “a principios del año pasado un grupo de ejidatarios vinieron a la oficina a externarnos su preocupación porque un abogado (es decir, Rafael Acosta Solís, n. del a.) había sido contratado como asesor por las autoridades ejidales vigentes en ese momento”.

Señala que éste abogado redactó un reglamento del ejido –todos los ejidos lo deben tener- en el que dispone que cualquier persona, ejidatario, que no esté de acuerdo con la propuesta de las autoridades y del abogado está automáticamente en contra de los intereses del ejido. Así está escrito, redactado por el abogado Rafael Acosta Solís.

Esto se traduce en que los ejidatarios que no están de acuerdo con los planes del ex subprocurador y de la dirigencia ejidal, hayan quedado fuera, sin derechos, en las asambleas apoyadas por la policía estatal de Yucatán.

De esa forma empezaron a suspender los derechos de los ejidatarios que no están de acuerdo con los planes de parcelar todo el ejido y con que les arrebaten la cooperativa Najil Tucha.

La suspensión de sus derechos ejidales implica dejarlo un año fuera hasta suspenderlos de forma indefinida, es decir, por 20 años. Lo que quiere decir, que si a un ejidatario le suspenden sus derechos, no puede votar.

María Andrade Hernández afirma que eso “fue lo primero que nos dijeron: que el reglamento se había hecho de tal manera que a cualquier persona que no opinara igual que el otro grupo le suspendían sus derechos”.

“Otra cosa que nos dijeron es que el abogado (Rafael Acosta Solís) les prometió que en tres meses iba a quitar el decreto de la RESERVA y que deberían cobrar 100 mil pesos a la cooperativa que tiene un usufructo dado por el mismo ejido, que porque estaban cobrando mucho dinero”. Lo que evidentemente es falso, puntualiza.

Rafael Acosta Solís les dijo a los ejidatarios bajo su control “que iba a hacer que les pagaran los ejidatarios de la cooperativa, y que si no la Comisión Nacional de Áreas Protegidas o la Semarnat, les iban a pagar. Y que si no, que entonces demandaba a todos. Eso es algo que pasó, nosotros les dijimos, si es un abogado, les está mintiendo, porque tú como abogado no debes llegar a un ejido y crear esas expectativas cuando no tienes un estudio de primera mano que realmente diga que eso está pasando y dos que les prometas que vas a demandar a cuanta autoridad se interponga en su camino”.
El problema, explica la directora de Pronatura, es que una parte de los ejidatarios le creyó.

“Y es allí que empieza el conflicto entre las autoridades ejidales asesoradas por ésta persona y un grupo de ejidatarios que no estaba de acuerdo cómo se estaban tomando las decisiones”.

Recuerda que esto pasó desde el año pasado. A mí me invitaron una vez a la Procuraduría Agraria a la oficina de Valladolid en la que el grupo de ejidatarios contrario a las maniobras “legales” de Rafael Acosta externó lo mismo ante el encargado de la oficina de Valladolid.

Yo le dije: “Oye Martín, cómo es posible que la Procuraduría Agraria, siendo el abogado de los ejidatarios posesionarios de tierra y avecindados, no intervenga en éste tipo de casos. ¿Escuchas lo que te están diciendo?, le dije. Ustedes saben que eso no puede ser de esa manera, el abogado les está mintiendo o les está creando falsas expectativas. Cualquiera de las cosas, ustedes, la Procuraduría Agraria, tienen que intervenir, y no lo han hecho. Ustedes tienen que sentarse para que los grupos internamente decidan lo mejor para sus tierras pero sin interferencias, de un lado o de otro. Ustedes tienen ese mandato por ley”.

Pero como explica María Andrade Hernández lo que me contestó en ese momento el encargado de la Procuraduría Agraria en Valladolid es que no se lo habían pedido oficialmente.

Yo le contesté: “qué quieres, que yo te haga una carta ahorita y te lo haga a nombre de ellos”.
En resumen, nos dice la directora de Pronatura, “nuestra opinión en base a éstos eventos es que si en su momento la Procuraduría Agraria hubiera intervenido, asesorando, como estipula la ley a los ejidatarios, este problema no estaría donde está en éste momento”.

“Lo que sabemos es que los ejidatarios no han recibido realmente una asesoría, no han recibido el apoyo que por ley deberían recibir de las autoridades agrarias y en particular de la Procuraduría Agraria”.

Insiste en que “nosotros vemos que los problemas son cotidianos hasta en la familia de uno, pero si los problemas no se atienden a tiempo puede inclusive llegar a haber un muerto”.

Puntualiza que “ninguna de las autoridades que deberían estar participando se metieron a intentar resolver el problema. Nosotros fuimos con la oficina de asuntos agrarios del Gobierno del Estado. Tengo la respuesta oficial que nos dieron, diciendo que no tenían nada que ver”.

Además, Pronatura envió una carta el pasado 7 de abril junto con otras instituciones académicas serias, nacionales e internacionales a la Sedatu y a la Semarnat para que se atienda el asunto con 2 mil 644 firmas de apoyo.

Firmaron la carta científicos mexicanos y de Estados Unidos, Reino Unido, España, Canadá, Italia, Francia, Bélgica, Holanda y Colombia.

Entre las instituciones firmantes se cuentan instituciones como Conservation International, International Primatological Society, la Societé Francophone de Primatologie, el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, la American Society of Primatology, la Asociación Mexicana de Primatología y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, etcétera.

“En dicha carta pedíamos expresamente que se organizara una mesa de diálogo que interviniera para resolver el problema. Hasta el momento no vemos nada. Lo único que pedimos como sociedad civil es que las autoridades correspondientes intervengan y ayuden a resolver el problema. Esa ha sido nuestra postura por escrito y con el grupo citado de asociaciones nacionales e internacionales”.

Por lo pronto, la respuesta oficial de la oficina del Departamento de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado –que dirige Roger Medina Pech- es que no es problema competencia de las autoridades estatales.

“Hágame el grandísimo favor. Nos dijeron que era un asunto federal. Entonces para qué están las autoridades estatales. No pueden hacer una llamada y decirles, autoridad federal, sentémonos a solucionarlo. Es territorialmente un ejido del Estado. Lo que veo es que no hay voluntad de coadyuvar a resolver un problema que está ahí y que hay autoridades específicas que lo deben resolver”, añade la directora de Pronatura.

Fuera de eso, los dimes y diretes, los desplegados (como los pagados por el abogado Rafael Acosta en el Diario de Yucatán acusando, entre otras cosas, a los ejidatarios de ser delincuentes) “no nos interesan, no nos metemos, hablamos con conocimiento de causa. Y hablamos con información, no somos beligerantes, tocamos todas las puertas que tengamos que tocar, y nuestro exhorto como sociedad civil a las autoridad federales y estatales es a que intervengan para que se solucione éste problema. Y en su caso, si hay una mala asesoría que la Procuraduría Agraria intervenga. Si no lo quieren hacer, ahí no sé por qué no lo quieren hacer”.