Un hombre, multado con 200 euros por importunar a unas mujeres, denunció al Ayuntamiento de Róterdam y la Corte de Apelación le da la razón.
Los piropos y lo silbidos ofensivos o de tinte sexual en espacios públicos forman parte de la libertad de expresión, protegida por la Constitución, y las normas municipales no pueden prohibirlos. Solo una ley aprobada por el Parlamento valdría para evitar este tipo de acoso verbal. Así se ha pronunciado este jueves la Corte de Apelación de la ciudad holandesa de La Haya, en un fallo que contradice las directivas dictadas en 2017 y 2018 por los Consistorios de Ámsterdam y Róterdam, para frenar la intimidación sexual de palabra en los Países Bajos. El año pasado, Everon el F., de 36 años, un vecino de la ciudad portuaria, fue el primer sancionado del país por importunar a un grupo de mujeres. Le impusieron una multa de 200 euros que queda ahora sin efecto.
Las dudas sobre la validez legal de una disposición municipal ya surgieron en Ámsterdam, en 2017, cuando el entonces alcalde, Eberhard van der Laan, anunció la prohibición del acoso verbal en público. Fue el primer Ayuntamiento el país en hacerlo, y luego le siguió Róterdam, pero los asesores de Van der Laan tenían opiniones contrarias. El edil, fallecido ese mismo año, les pregunto si la interdicción podía chocar con la libertad de expresión, y dos de ellos así lo afirmaron. Otro equipo jurídico señaló que una norma local “para sancionar la alteración del orden público resistiría la prueba de los tribunales”.
En caso de que las multas, que podían ascender hasta 4.100 euros, fueran recurridas, la decisión dependería de los jueces. Justo lo que ha sucedido ahora con el vecino de Róterdam. En origen, la prohibición de la capital holandesa se aprobó después de que un sondeo encargado por el Consistorio comprobara que el 59% de las mujeres —de una muestra de 1.000— había sufrido este acoso. Entre 15 y 34 años, 8 de cada 10 aseguraron haber sido objeto de insinuaciones y silbidos ofensivos, o bien recibido insultos si rechazaban los avances de desconocidos.
En mayo pasado, el ministro holandés de Justicia, Ferd Grappenhaus, dijo que quería incluir la intimidación sexual en público en el Código Penal. Según sus planes, las penas aplicables serían de hasta 3 meses de cárcel, o bien una multa de 2.000 euros