“Presentamos un escrito para que se cumplan los apercibimientos por el desacato. Solicitamos que se dé vista al Ministerio Público, que se proceda contra las autoridades responsables por el desacato. Solicitamos que además de las multas que se pongan a la empresa y a las autoridades, se cumpla con la medida de sanción contra estas que comprende la inhabilitación de sus cargos”, apuntó.

Medina Carrillo dijo que las autoridades implicadas y que también recibieron la orden de hacer cumplir su parte en el proceso son el Gobierno del Estado de Yucatán, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así como el Ayuntamiento de Homún.

Precisó que también el juzgado tiene la capacidad de ordenar el uso de la fuerza pública para el cumplimiento de la orden, a través de la intervención del ejército.

La litigante recordó que el amparo contra la granja se promovió el 28 de septiembre de este año, aunque fue hasta el uno de octubre cuando se ordena la suspensión temporal; el 9 de octubre se dicta la medida de suspensión definitiva y se hace una inspección en sitio por parte del juzgado cuarto.

Sin embargo, el 23 de octubre se ratifica la suspensión en la que se determina la paralización del lugar y se otorga un plazo de cinco días hábiles para que la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO) proceda a retirar a los cerdos y evitar el vertido de las aguas, medida que también abarca a los entes de gobierno mencionados.

Respecto al tema, apuntó que al vencer el plazo esta semana, la empresa no cumplió con ninguna medida por lo que se mantiene en desacato.

“El lunes pasado hubo una inspección por parte de diputados locales. Esto solo fue una burla para los habitantes de Homún, pues desde ese tiempo la granja ya debía haber cumplido con la orden y se dio cuenta de que aún hay 30 mil cerdos e incluso, ya hay vertido de desechos. Ya pasaron 38 días para que la granja haya acatado la orden y no lo ha hecho”, externó.

“El Congreso se está presentando a una maniobra para beneficiar a la empresa pero se está ignorando la determinación del pueblo de Homún y también dieron su aprobación de manera arbitraria”, aseguró.

Por otro lado, José May Echeverría, miembro de Guardianes de los Cenotes, acusó a Ricardo Díaz Montes de Oca, miembro del consejo de administración de PAPO, de haber difamado a este grupo, al afirmar que estos le solicitaron dinero para permitir la operación de la granja mediante un “emisario”.

“Son difamaciones y calumnias. Homún ha decidido no ser espacio de prueba ni poner en riesgo a sus habitantes. Hemos decidido defender a los infantes, al agua y el derecho a decidir sobre el territorio”, apuntó.