por Eduardo Lliteras Sentíes

Quintana Roo está convertido en una pocilga. La corrupción lo ha permeado todo y la labor que tiene enfrente el gobernador electo, Carlos Joaquín, aparece titánica ante el nivel de impunidad sólo comparable a la exigencia de justicia de la sociedad quintanarroense, es decir, de cárcel para el gobernador saliente y su grupo.

Los casos de saqueo del erario público endeudado con más de 22 mil millones de pesos afectan de forma grave a municipios como Playa del Carmen, auténtica mina turística a la que están destruyendo la creciente inseguridad y la corrupción así como el crecimiento urbano descontrolado que no contempla alguna norma de tipo ambiental a costa de la fauna y flora de la región. Lo mismo ocurre con Cancún.

De allí que no sea de extrañar el juicio político que piden para el gobernador Roberto Borge Angulo por vender a precios subvaluados por lo menos 44 predios de distintas dimensiones que eran patrimonio del estado, con el objetivo de beneficiar a amigos, empresarios (entre éstos, varios de Yucatán) y políticos. Así lo dice la asociación civil “Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo” en una denuncia y exigencia de juicio político entregada al Congreso de San Lázaro en la que se afirma que el gobernador saliente causó un grave quebranto a las finanzas del estado con la entrega de dichos terrenos a sus amigos y prestanombres.

En el documento enviado recientemente al Congreso de la República se afirma que los 44 predios fueron vendidos con avalúos desactualizados, y a precios varias veces menor de su valor comercial, incluso a “cero pesos”; causando con ello un quebranto al erario estimado de por lo menos 1 099 492 370 (mil 99 millones 492 mil 370 pesos).

Además, se señala que la mayoría de los predios, de diferentes extensiones, fueron entregados a precios subvaluados tanto a particulares como a empresarios, por lo que la afectación al patrimonio del estado, es mayor que la que se señala en este escrito, pero que por razón de tiempo y recursos no fue posible documentar con precisión, por lo que no se incluyen en la presente demanda.

Asimismo, se afirma en la denuncia y petición de juicio político que el gobernador Roberto Borge Angulo es el responsable directo de la venta subvaluada de predios que eran patrimonio del estado, que estaban en su posesión, bajo su conservación y administración, y que fueron entregados a poderosos empresarios, políticos y familiares de funcionarios a precios menores de su valor comercial, y sin que se observaran los requisitos a los que obliga la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo; lo cual causó un grave perjuicio al estado, en específico a la hacienda pública que enfrenta de por sí una situación de práctica bancarrota derivada de la deuda pública por 22 mil millones de pesos contraída, en su mayor parte, durante la actual administración, como señalamos.

En la denuncia sustentada legalmente se dan a conocer las fechas en que se entregaron los terrenos, las dimensiones y los nombres de los beneficiarios.

Por ejemplo, se afirma que el 8 de julio de 2014, un predio de 761.44 metros cuadrados, con 20 metros lineales de mar Caribe, ubicado en Puerto Morelos, fue vendido a Desarrollos Riviera Morelos, representada por Armando José Millet Molina, en 761 mil 440 pesos.

Según se explica en la denuncia, un año después, Banorte otorgó a Desarrollos Riviera Morelos, un crédito por 63 millones de pesos, quedando como garantía el citado predio, lo que permite hacer una estimación del valor real del mismo. Como deudores solidarios, se explica, quedaron Operadora Real del Mar SA de CV, Operadora Grand Residences, representadas por Kemil Asad Rizk Aziz y Fernando López Ruiz. Rizk Aziz, fue director general de Fonatur en el sexenio de Ernesto Zedillo, y estuvo involucrado en un desfalco realizado a través de Grupo Prodipe, en perjuicio del desarrollo turístico Puerto Escondido en Baja California Sur. Por su parte, Armando José Millet Molina, es un empresario del giro inmobiliario, notario 62 de Mérida, perteneciente a la “aristocracia” de Yucatán, señala la denuncia. Es familiar de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas de Quintana Roo, a quien se acusa del desvío de mil 464 millones de pesos, recaudados del Impuesto al Hospedaje entre 2014 y 2015.

En la denuncia, también se explica que la empresa de Millet Molina recibió tres predios de alrededor de 761 metros cuadrados cada uno, con un total de 60 metros lineales de Mar Caribe, ubicados en Puerto Morelos, destino turístico que se encuentra entre Cancún y Playa del Carmen.

Además, se señala que el 7 de abril de 2011, un predio de 51 mil 519 metros cuadrados, ubicado en la zona costera sur de Cozumel, de uso turístico hotelero, fue vendido a Eligio Marrufo Rejón, en 4 millones 190 mil 633 pesos. Actualmente un terreno de 29 mil 501m2 ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos. Eligio Marrufo Rejón es padre del actual presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, quien es hombre muy cercano al ex gobernador Félix González Canto, y primo hermano de la esposa de éste, Narcedalia Martín. Fredy Marrufo era diputado local en la XIII Legislatura cuando su padre fue beneficiado por Roberto Borge con el predio en cuestión, añade la denuncia.

Por si fuera poco, en la denuncia se da a conocer la entrega de un predio de 30 mil metros cuadrados el 13 de abril de 2001, con 98 metros de mar Caribe, ubicado en la privilegiada zona de Punta Molas, en Cozumel, a Fernando Eugenio Barbachano Herrero por 6 millones de pesos. Como se sabe Fernando E. Barbachano Herrero es descendiente de Fernando Barbachano Peón, quien hasta hace unos años era dueño de los terrenos donde se ubica Chichén Itzá. Actualmente un predio de mil metros cuadrados en la zona tiene un precio de alrededor de un millón de pesos.

Además, el 10 de mayo de 2011 Barbachano Herrero recibió otro predio de 70 mil metros cuadrados en la misma zona de Punta Molas.

Otro caso es el de un predio de 16 mil 585 metros cuadrados, ubicado en Playa del Carmen, el que fue entregado el 19 de julio de 2013 por “cero pesos” a Ana María Ramos Zúñiga, quien el 15 de mayo de 2014 lo donó a su hija Damarys Verenice Menes Ramos, esposa de Gabriel Menddicuti Loría, en ese entonces, cuando la entrega a título gratuito del predio, se desempeñaba como Secretario de gobierno de Roberto Borge Angulo. Damarys Verenice Menes Ramos, entregó el predio en comodato al Centro 4 Terapéutico para el Desarrollo Infantil Kodomo, asociación fundada por ella y su esposo, la cual ha recibido también importantes recursos de la Sedesol.