El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Miguel Margaín González, señaló ayer que ningún Estado de la Península de Yucatán ha solicitado la denominación de origen del pulpo maya, aunque consideró que este concepto le daría un valor agregado a este producto a nivel internacional.
Entrevistado en la Coparmex-Mérida, donde dio una plática a empresarios sobre el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el funcionario federal se mostró a favor de determinar el origen de este producto.
“No hay solicitudes para definir la denominación de origen del pulpo maya. Hay ejemplos como el chile habanero o el cacao Grijalva, el cual está abierto a otras aceptaciones, lo que será un beneficio para los Estados que lo soliciten”, dijo.
Señaló que, si bien hay la intención de realizar el trámite, descartó que haya algún conflicto por el tema, al tiempo que aplaudió el interés de los Estados para obtener el certificado.
Proceso que tarda
El director del IMPI apuntó que el proceso para obtener la denominación de origen es tardado, pues depende de los documentos y estudios que se aporten para su definición, que puede ser de meses o años, aunque refirió que hasta ahora no se tienen reportes de que este proceso ya haya iniciado.
Por lo que toca al tema del TLCAN, recordó que el 16 de agosto iniciará la primera de unas ocho sesiones que se prevén para las negociaciones entre México, Canadá y Estados Unidos, en las que se buscará obtener beneficios para el país en materia comercial.
La Secretaría de Economía será la que encabece las reuniones de parte de México, por lo que se instruyó a las dependencias a informar a cada Entidad Federativa sobre los avances en torno a este asunto.
Explicó que se buscará reformar los 28 capítulos de dicho tratado firmado hace 23 años, así como buscar escenarios positivos para el país y contribuir en la aplicación de nuevos rubros comerciales, como el electrónico y la biotecnología.
Señaló que hasta ahora no hay un plazo definido para que haya un acuerdo con las naciones participantes, puesto que el Ejecutivo está consciente de que es un asunto que no se puede dejar a la ligera.
