Mérida, Yucatán, a 15 de octubre de 2012.- El Ayuntamiento no permitirá que queden impunes las irregularidades que sean detectadas de la anterior administración municipal y llegará hasta las últimas consecuencias para resarcir cualquier desvío en que haya incurrido, declaró Lizette Mimenza Herrera, directora de Gobernación.

En conferencia de prensa que ofreció en compañía del secretario de la Comuna, Alejandro Ruz Castro y de la directora de la Contraloría Municipal, Yazmín Castillo Ojeda, para informar del avance que tienen las averiguaciones que realiza esta última dependencia respecto de la situación en que la anterior administración dejó al Ayuntamiento, la directora de Gobernación hizo énfasis en que se está dando puntual seguimiento a todas las observaciones hechas.

A su vez, la Contralora detalló algunas de las observaciones que hasta el momento se han realizado durante el proceso de revisión: existencia de adeudos no registrados por concepto de adquisición de bienes, servicios y obra pública; trabajos fraccionados (para dividir el monto total de la inversión) mediante órdenes de servicio, sin apegarse a la Ley de Obras Públicas; obras no concluidas en el tiempo establecido, carpetas asfálticas de calles que no cumplen con la calidad contratada; despido de personal que prestaba servicios para asignar sus plazas a empleados de escritorio; incremento de sueldos en agosto pasado sin autorización ni justificación; pago de honorarios a personal del Ayuntamiento que además cobraba en nómina, y contratos originales no localizados, entre otras.

La contralora municipal informó que debido a lo anterior, a partir de este  martes comenzarán a citar a los funcionarios responsables de las áreas en las que se hicieron las observaciones, a fin de que aclaren las mismas y, de persistir las dudas, la dependencia a su cargo dará inicio a los procedimientos de responsabilidad administrativa a fin de determinar las sanciones correspondientes, con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Precisó que hasta el momento son 20 los ex funcionarios a los que se citará esta semana para que comparezcan y aclaren las dudas que generó su actuación.

Los funcionarios también precisaron cuál es el papel de la Contraloría y el de la Comisión Especial para Analizar el Expediente Protocolario de entrega-recepción, la cual está integrada por regidores. También establecieron el calendario a seguir en sus respectivas tareas.

—La función de la Comisión, como indica su nombre,  es el de analizar el proceso entrega-recepción. A partir de su integración, tiene 30 días hábiles para aclarar dudas, plazo que vencería el 5 ó 6 de noviembre próximo (no se toman días inhábiles como sábados y domingos y los días de descanso por las festividades de fieles difuntos). Posteriormente, tiene 15 días (el 26 de noviembre es la fecha límite)  para rendir un informe al Cabildo que a su vez cuenta con 30 días naturales para citar a los ex funcionarios que considere deben aclarar su actuación.

—A su vez, la Contraloría tiene de plazo 60 días para que aclaren dudas los funcionarios que se retiraron del cargo cuando ya había empezado la actual administración, y hasta tres años para revisar la actuación y presentar, en su caso, denuncias por irregularidades encontradas en cualquier área de la administración municipal.

Lizette  Mimenza recalcó que se interpondrán las denuncias que sean necesarias porque esta administración no va a solapar ni a ser cómplice de irregularidades.