Mérida, Yucatán, a 23 de febrero de 2010.- El ex alcalde de Mérida, Luis Correa Mena, aseveró que la denuncia interpuesta contra él, otros particulares y el Cabildo emeritense en pleno, se debe a que fueron afectados los intereses de alguna otra empresa vinculada con el manejo de la basura.

Y rechazó toda acusación sobre los supuestos ilícitos que se indican en la denuncia 183/2a/2010, interpuesta el pasado ocho de febrero por Juan Antonio Ongay Lara, abogado cuya trayectoria se basa en procesos civiles, no penales.

“Hay un relleno sanitario en Mérida, concesionado a una empresa particular, que almacena toda la basura, y el Ayuntamiento le paga a razón 154 pesos por kilo de las 27 mil toneladas que se generan en Mérida. Por cada kilo que se logra aprovechar en la planta de separación de basura, es un kilo menos que entra a almacenarse al relleno sanitario”, aseveró el ex edil.

En entrevista, explicó que la ciudad de Mérida cuenta con un relleno sanitario, manejado por una empresa a la cual el Ayuntamiento paga por el almacenamiento de basura; mientras que la planta de tratamiento de residuos sólidos, se encarga de procesar los deshechos y reciclarlos, por lo que entrega un porcentaje de lo recuperado al municipio.

Recordó que a principios de la actual administración municipal, la planta de tratamiento de residuos sólidos, estaba concesionada a Alberto Damián Chan García, quien en 2009 solicitó al Cabildo una modificación del contrato de concesión, a fin de permitir la participación de una empresa capitalina, representada por Diego García Courdurier, quien inyectaría recursos financieros para hacer funcional esa empresa recicladora.

Lo anterior, incluso fue confirmado por el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Pacho Sánchez, quien consideró que en primera instancia se deberá permitir que el Ministerio Público desahogue las diligencias del caso para luego ver si procede el retiro de la concesión a Chan García.

“El Ayuntamiento antes no percibía recursos económicos por esta concesión y hoy, la nueva empresa se comprometió mediante el nuevo contrato de la concesión a descontarle el 15 por ciento del costo de todo el material que pase por la planta de tratamiento, entonces, hay un beneficio para el Ayuntamiento, no hay un perjuicio”, puntualizó Correa Mena.

Por su parte, Pacho Sánchez subrayó que “el planteamiento era un beneficio para Mérida, al echar a andar esta planta que había estado sin operar. Hasta ahí era nuestro conocimiento. Para nosotros fue una sorpresa verdadera enterarnos que había un convenio. Y nos dimos cuenta, pero no hace más de una semana, que inclusive había una denuncia contra todo el Cabildo”.

El punto de conflicto, según estableció en su denuncia Ongay Lara, radica en el supuesto de que Correa Mena se beneficia de la concesión, toda vez que previo a la autorización unánime del Cabildo para la modificación de la concesión por el tratamiento de la basura, firmó un convenio notariado con García Courdurier, mediante el cual percibiría a lo largo de 13 años un porcentaje por todos los residuos que en ella se procesen.

“Hay un contrato que hace una empresa de la que soy parte, en la que tengo sociedad, y se hace un contrato para el tratamiento y reciclado de sólidos, precisamente para darle seguimiento a esto de conseguir la concesión”, dijo el ex alcalde.

Reconoció que “hay un contrato que hace una empresa de la que soy parte, en la que tengo sociedad, y se hace un contrato para el tratamiento y reciclado de sólidos, precisamente para darle seguimiento a esto de conseguir la concesión. El trabajo de la elaboración de los términos de la nueva concesión, el contrato respectivo, y se hace un convenio mediante el cual, de acuerdo al rendimiento que haya, es decir, del volumen que entre a la planta, lo que logre aprovecharse, de eso un porcentaje que equivale a 25 centavos por kilo será entregado a la empresa que represento a lo largo de 13 años”.

En ese sentido, el regidor de oposición, que también está demandando, indicó que “no conocemos al licenciado Ongay Lara. Nosotros conocíamos a los que forman la sociedad original de México, y al señor Chan García que tenía la concesión, pero lo que se hizo en otro convenio, que se dice que existe y que incluso se turnó a la fe pública de un notario, lo desconozco. Que se investigue, necesitamos ver que la Procuraduría desahogue todas las pruebas. No podemos desaparecer la concesión hasta que tengamos los elementos suficientes”.

“Si hoy se han inquietado algunos de los participantes de la toma de decisiones, pues va a ser interesante ver qué van a hacer luego, porque tendrían que reconocer que incurrieron en un ilícito que no existió, y dicen que se les escondió información”, remachó el ex alcalde de Mérida.