El Secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, reiteró que todas las empresas y organizaciones que presten el servicio de transporte en plataformas digitales en Yucatán tienen que cumplir con las disposiciones legales y censuró a quienes han intentado politizar el tema.
Sostuvo que el único interés del Gobierno del Estado es garantizar que la seguridad se mantenga en el Estado y en ese sentido, remarcó que el registro que se exige a quienes prestan el servicio es para saber quiénes trasladan a las jóvenes, niños y ciudadanos, así como que tengan sus licencias y demás documentos en orden.
Por eso el Gobierno del Estado –puntualizó– insiste en hacer un llamado a quienes no se han registrado, a que lo hagan para cuidar la seguridad de todos, ya que de esa manera se puede tener un registro y saber que las placas sean de Yucatán y que el chofer que lleva a nuestros hijos tenga licencia y está registrado en la base de datos.
Rodríguez Asaf sostuvo que, de esa manera, la sociedad en su conjunto puede estar unida para cuidar la seguridad de todos en general.
Recordó que la Ley del ramo se aprobó hace seis meses y su reglamento dio un plazo de 120 días para que se registraran las plataformas digitales, el cual venció el pasado 25 de diciembre con la inscripción de cuatro agrupaciones, excepto una (Uber) que se ha negado a acatar la Ley.
—Hemos exhortado a los que no se registraron a que lo hagan, porque al final del día la función del Estado es cuidar la seguridad y garantizar la paz y seguridad de los ciudadanos, y en ese sentido, reiteramos que la medida principal es hacer que se cumpla la Ley, apuntó.
Cuando se le hizo notar que diputados del PAN han buscado politizar el asunto, Rodríguez Asaf dijo que el tema no es asunto de política, sino de seguridad “y por eso exhortamos a todos los yucatecos a que nos unamos en el mismo sentido”.
Por otra parte, comentó que el Gobierno del Estado, autoridades municipales y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, trabajan de manera conjunta para mejorar las condiciones de las cárceles y de esa manera respetar plenamente el derecho de los detenidos