Veracruzanos y tabasqueños, sin permisos para abrir una planta de asfaltos y lo hicieron por sus pistolas, lamentablemente están a punto de comenzar a operar; se pasaron por alto a Semarnat y una aparente complicidad de Profepa, denuncia Carlos Berlín Montero, delegado Semarnat.

Aparente complicidad de la Profepa en este espinoso asunto

Pasando por encima de las leyes ambientales, desde hace un par de años se construye una planta de almacenamiento y distribución de asfalto líquido en el parque industrial de Progreso, que daría pie al comercio ilegal de la mezcla del hidrocarburo en Yucatán.

La falta de permisos para construir la planta motivó que la Semarnat ordenara la clausura de la obra en marzo de 2015 y se aplicaran las multas correspondientes, pero, por alguna razón que no se explica, la delegación de la Profepa en Yucatán se niega a intervenir en este asunto.

De acuerdo con la información recabada y sustentada en documentos, ante la abierta violación a las leyes ambientales, la Semarnat instruyó, incluso, a la Profepa a determinar si procedía demandar por la vía civil o penal a la empresa infractora, Fluidos Peninsulares, S.A. de C.V., de capital veracruzano, pero tampoco hizo nada, en lo que constituye una aparente complicidad de la dependencia federal.

Según la ley, la delegación de la Profepa, cuyo titular en Yucatán es José Lafontaine Hamui, debió clausurar el lugar desde hace más de un año y realizar una inspección de impacto ambiental.

En este procedimiento se contemplan multas que van de los treinta mil a cincuenta mil días de salarios mínimos, según el artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico. Es decir, la dependencia debió aplicar una multa que va entre los 2.5 y los cuatro millones de pesos.

La multa es independiente al resarcimiento del daño ambiental causado, pues la construcción atentó contra decenas de especies animales, por lo menos cinco de ellas protegidas, así como de especies vegetales.

En un segundo procedimiento, la Profepa debió aplicar lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, específicamente el artículo 161, que prevé multas que van de cien a veinte mil días de salario mínimo. Es decir, en el mejor de los escenario para Fluidos Peninsulares, la Profepa debió multar a esta sociedad anónima por dos millones de pesos. En el peor, por cinco millones.

En el caso de resarcimiento de daño, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en sus artículos 13 y 19, impone sanciones que van de los mil a los seiscientos mil días de salario mínimo, es decir, de los 73,040 pesos a los 43.8 millones de pesos.

Además, en el Código Penal se establecen penas que van de los seis meses a los nueve años de prisión a quien desmonte o destruya vegetación. Así se establece en las fracciones I y II del artículo 418.
Eso signfica que los responsables deberían estar privados de su libertad ante los daño causados.

Sin embargo, la Profepa no sólo no ha hecho nada hasta el momento, sino que la planta ha seguido funcionando sin contratiempos, puliendo detalles para recibir por vía marítima su primer cargamento de asfalto líquido.

De cumplirse el embarque, lo cual, de acuerdo con los datos recabados sería en los próximos días, se estaría abriendo la puerta al comercio ilegal de asfalto líquido en Yucatán, ante la tolerancia y/o la complicidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Tanto la Semarnat, cuyo delegado en Yucatán es Jorge Carlos Berlín Montero, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado (Seduma) se han opuesto a la construcción y operación de la planta.

La empresa únicamente consiguió permisos de uso del suelo y de construcción en la anterior administración municipal de Progreso. El Ayuntamiento contravino así también las leyes federales, pues no debió expedir los permisos.

El asfalto líquido se utiliza para pavimentar calles y carreteras. Por lo general, lo adquieren empresas contratadas por el gobierno. Se trata de un negocio millonario ante el volumen que se maneja tanto en la obra pública como en la privada.

Esta mezcla de hidrocarburos debe transportarse y almacenarse a alta temperatura para mantenerse en estado líquido. Requiere ser manejado con precaución, ya que podría causar severos daños ambientales.

De acuerdo con la información recabada, Fluidos Peninsulares debió tramitar su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) antes de iniciar la construcción de su planta, ubicada a la vera de la carretera Mérida-Progreso, pero no lo hizo.

Los trabajos comenzaron desde febrero de 2014, un año después, en marzo de 2015, la Semarnat ordenó clausurar la planta.

Ante la intervención de la autoridad, la empresa solicitó su MIA, pero la Semarnat respondió en julio de 2015 que no podía aprobar el Manifiesto, toda vez que la obra ya estaba en proceso y lo que procedía eran las sanciones correspondientes.

Fue entonces cuando remitió el caso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En el propio Manifiesto de Impacto Ambiental presentado a destiempo por Fluidos Peninsulares a la Semarnat se admite, de hecho, que en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Pro20 CEL_C3, donde está ubicada su planta, está prohibida cualquier actividad industrial.

La actual administración estatal, encabezada por el gobernador Rolando Zapata Bello, decretó en marzo de 2014 el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero de Yucatán. Este ordenamiento fue publicado en el Diario Oficial, firmado por el mandatario estatal y su secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Batllori Sampedro.

Este programa establece zonas en la costa yucateca, a las que denomina Unidades de Gestión Ambiental, en las que establece qué actividades sí y cuales no se pueden realizar en cada una de ellas.

En este caso, la planta de Fluidos está en un sitio –la UGA Pro20 CEL_C3- en el que no está permitida su construcción y operación.

Fluidos Peninsulares es una sociedad anónima de capital variable. Su presidente es Mario Wall Juárez y, según la convocatoria de una asamblea extraordinaria a la que se convocó para el 20 de julio pasado, sus accionistas son Octavio Villa Cuenca, José Manuel Zapata Hernández, José Francisco Gutiérrez, Francisco Aguilera Gómez y Mario Alberto De Matteis Solís. Funge como delegado especial Ovidio Jiménez Surita.