Por Alejandro Pulido Cayón

Junto con parejo terminaron el mundial y las reformas a las leyes de telecomunicación. Horas más, horas menos. Ya que la justa mundialista pasa a último plano, donde sólo quedan algunas anécdotas sobre la técnica holandesa de clavados, estamos ante la urgente necesidad de impedir que algunos aspectos de la nueva legislación puedan convertirse en armas políticas contra la ciudadanía.
Quizá uno de los derechos más complicados para delimitar, es el de la libertad de expresión, pues depende, en gran medida, de los medios de comunicación y el internet para que se ejerza plenamente. Digo, cualquiera puede salir a la calla a gritar cualquier tipo de ocurrencias, pero es a través de la masificación del mensaje cuando se alcanza resonancia: puede ser vía redes sociales a punta de memes o en cadena nacional de un noticiero, y es que así se ejerce en realidad esta libertad: publicando.

En las #LeyesTelecom aprobadas, destacan algunos aspectos que atentan contra ese derecho fundamental, además de hacerlo contra la privacidad de las personas.
Resulta que, sin mandato judicial de por medio, podrían solicitarle a los proveedores de servicios de internet y telefonía móvil que revelen tu ubicación geográfica; también, se prevé que los operadores resguarden tus datos y comunicaciones hasta por dos años, y lo peor: que los entreguen a las autoridades cuando éstas lo soliciten, otra vez sin orden judicial de por medio. Y por si fuera poco, pueden intervenir tu teléfono so pretexto de facilitarles el cumplimiento de la ley, claro, sin aprobación previa de un juez.
Si todo lo anterior parece que sólo afecta a los ciudadanos en lo individual, es por ello que la pregunta obligada es: ¿cómo afecta a los periodistas? Adiós a la confidencialidad de las fuentes, adiós a las indagaciones peliagudas que se registran desde una computadora, adiós a la libertad de expresión si lo permitimos. ¿Quién va a sentirse seguro si el gobierno tendrá esos macabros instrumentos legales de represión? De por sí es difícil reportear, ahora quieren que lo hagamos observados con microscopio.

Sin embargo, no todo está perdido tras la artera aprobación de esos ordenamientos por diputados y senadores. De acuerdo con especialistas en Derecho, esos aspectos represivos de las #LeyesTelecom pueden ser contrarrestados mediante recursos de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial.
Es más que obvio que a las autoridades únicamente les interesa destacar los beneficios de las reformas, que los hay. Por ejemplo, desaparecen las tarifas de larga distancia, se garantiza la portabilidad inmediata de un número telefónico, crean la figura del defensor de las audiencias, por mencionar algunas cuestiones. Y sin embargo, el meollo del asunto es que quieren limitarnos más la libertad de expresión.
El pronóstico es que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación pinte la raya, y que antes de que se revele la geoposición de un usuario o que se intervengan sus comunicaciones o se acceda a sus datos arbitrariamente, deberá existir una orden judicial que lo avale. La moneda está al aire.