Mérida, Yucatán, a 03 de septiembre de 2010-El alcalde de Chichimilá, Francisco Medina Martín, se reunió con la presidenta de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Martha Góngora Sánchez, para conocer el seguimiento que se da a las cuenta públicas del citado municipio y que el pasado 19 de agosto fueron rechazadas por presentar diversas irregularidades.

El edil acudió al recinto Legislativo acompañado por siete de los ocho regidores que integran el Cabildo también para presentarle a la legisladora copias de las denuncias que ya interpuso ante el Ministerio Público en contra de su antecesor, José Edilberto Tzab Ortiz, por un desvío total de 900 mil pesos, correspondiente al primer  período de 2010, es decir, cuentas que aún no entran en análisis.

La primera denuncia la presentó el siete de agosto del presente año por la compra de un terreno con recursos del Ayuntamiento que de manera arbitraria Tzab Ortiz repartió entre ex regidores y ex directores, sin la autorización del Cabildo.

El 21 de agosto interpuso otra denuncia por el desvío de 10  mil pesos del DIF Municipal. “Ese dinero correspondía a un programa de comida comunitaria denominado COPUSI que es para apoyar a mujeres cocineras, y nunca hizo el depósito correspondiente al DIF Estatal”, explicó.

Ese mismo día, el 21 de agosto, presentó otras tres denuncias por la venta de una camioneta sin el aval del Cabildo, por el desvío de 63 mil pesos correspondientes al programa “Tu Casa” y por el faltante de un lote de equipo deportivo de boxeo que se compró con dinero del Ayuntamiento.

El 31 de agosto, denunció al ex alcalde panista por el faltante de diversos activos como equipo de cómputo y de oficina por 285 mil pesos.

La diputada Elsy Sáenz Pérez, quien también estuvo en la reunión pues Chichimilá pertenece a su demarcación, indicó que el daño en dos años, del 2007 al 2009, asciende a un total de 14 millones 836 mil pesos.

Por su parte, la diputada Góngora Sánchez indicó que se le está dando puntual seguimiento al caso, y que el pasado 31 de agosto se publicó en el Diario Oficial  el dictamen aprobado por la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública en el que se rechazaron las cuentas de Chichimilá y los municipios de  Abalá (PT y Convergencia),  Peto (PRI) y Tixcacalcupul (PRI) por presentar diversas irregularidades.

Lo que procede, agregó, es que la Auditoría Superior del Estado inicie los procedimientos correspondientes, ya sean administrativos o penales, para que los presuntos responsables, conforme a derecho, puedan presentar su defensa. Si se determina la responsabilidad, la Auditoría será la que sancione a quienes no ejercieron los recursos como debieron ser.