Mérida, Yucatán, a 01 de septiembre de 2010.- El abandono de las tareas sustantivas y prioritarias del gobierno municipal y el descuido y falta de mantenimiento de sus bienes y activos, forma parte del informe de las condiciones en que recibieron el Ayuntamiento de la anterior administración.

La Contraloría Municipal, que encabeza Reyes Porfirio Cortés Pech, presentó el Informe del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de Mérida, en un acto presidido por la alcaldesa, Angélica Araujo Lara.

El contralor reportó inadecuados manejos de bienes y alimentos a la población vulnerable, pérdidas de certificados de calidad, discrecionalidad en procesos administrativos, maltratos al personal y sustracción indebida de recursos públicos en que incurrió la anterior administración.

Ante regidores, dirigentes empresariales, académicos y medios de información, reunidos en el Centro Cultural Olimpo, Cortés Pech expuso y entregó a la alcaldesa el trabajo de dos meses de análisis y diagnóstico, así como las actas de las comparecencias de ex directores de la anterior administración. 

En una siguiente etapa y llegado el caso, planteó el contralor, se procederá en términos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y demás disposiciones en la materia

Con el respaldo de imágenes de video, el contralor habló del descuido y la falta de mantenimiento del parque vehicular de las direcciones de Servicios Públicos Municipales (SPM) y de Obras Públicas.

Informó que en SPM uno de cada cuatro vehículos estaba inutilizado por falta de mantenimiento; de las ocho grúas existentes para atender cerca de 75 mil luminarias de la capital, únicamente una funcionaba;  en Aseo Urbano, de 27 unidades recibidas, sólo la tercera parte estaba en condiciones de operación.

En el caso de los activos y mercancías del DIF Municipal, se detectó un manejo inadecuado de bienes y productos que se utilizan en los Centros de Superación Integral, Centros de desarrollo Infantil y el Centro de Atención al Adulto Mayor.

 Esas evidencias, dijo, dieron paso a investigaciones y procedimientos que realizó la Contraloría Municipal para realizar citatorios de aclaración de dudas a los titulares de las unidades administrativas de la administración pasada.

De conformidad con el Reglamento de la entrega-recepción, los funcionarios del actual gobierno dispusieron de 60 días para hacer una verificación física y documental para que, en caso de detectar diferencias entre la información o dudas en la misma, se convocara a sus antecesores.

El ejercicio dejó como resultado que, si bien existen algunas áreas técnicas donde el avance y la modernidad son notorios, como la sección técnica del Catastro, lo cierto es que el estado general del Ayuntamiento, al menos durante el último semestre, denota un claro abandono de las tareas sustantivas y prioritarias del gobierno, indicó.

El contralor habló de deficiencias en temas como plantilla laboral y estructura organizacional; inventarios y estado general de los bienes inmuebles y  muebles, especialmente el parque vehicular; manejo discrecional y sin apego a la norma de procesos administrativos y financieros.

De igual manera, aludió  a la falta de actualización del ordenamiento jurídico municipal, y la pérdida de procesos de calidad certificados, entre muchos otros.

Expuso que existía duplicidad de puestos y funciones en numerosas dependencias; falta de proyecto y visión en la estructura de la administración; precarias condiciones laborales de los trabajadores en algunas áreas y quejas de maltrato y acoso laboral, salarial e incluso sexual.

Los reportes de malos tratos y manejos del personal no se limitaron a situaciones internas: un gran número de denuncias y llamados de atención vinieron de parte de la ciudadanía respecto al desempeño de los trabajadores, especialmente del área de inspectores de mercados, mencionó.

Hay deficiencias o faltantes en inventarios de bienes muebles e inmuebles, como la situación del parque vehicular, pues cerca del 50 por ciento de los vehículos a disposición del Ayuntamiento se encontraban en mantenimiento o reparación al momento de asumir el gobierno municipal.

El deterioro de los bienes inmuebles es de notar en las direcciones de Desarrollo Social, de Tecnologías de la Información y de Desarrollo Urbano, donde el estado de hacinamiento y las malas condiciones en las que el personal operaba suponen un límite para el desarrollo correcto de las actividades del Ayuntamiento.

En la Dirección de Desarrollo Urbano resultaron dañados cerca de 18 mil expedientes de trámites diversos que hoy son irrecuperables, expuso en su informe el contralor.

Planteó que el marco normativo municipal no se encuentra actualizado de acuerdo a la realidad económica, social y productiva de un municipio que aspira a ser el líder y la capital de servicios de todo el Sureste del país.

Había procesos administrativos que se realizaban fuera del marco legal; específicamente, la firma de contratos de todo tipo que no se sometían a aprobación del Cabildo, conforme a lo establecido en la Ley de Gobierno, puntualizó Cortés Pech.

Además, unos mil contratos anuales por honorarios se firmaban desde la dirección de Administración y las diversas unidades del Ayuntamiento, a través de un poder emitido por un notario que nunca fue turnado al Cabildo para su aprobación.

Ante la falta de seguimiento de procesos de calidad, durante la pasada  administración se perdieron siete de los 16 procesos certificados, como el de canalización del servicio de Ayuntatel, la Apertura Rápida de Empresas de Desarrollo Económico y el de soporte técnico a usuarios de la Dirección de Tecnologías de la Información, entre otros.

Del conjunto de anomalías, se hizo una selección de casos relevantes que ameritaron la comparecencia de los ex funcionarios municipales para ejercer su derecho de realizar las aclaraciones pertinentes respecto a lo declarado en los expedientes protocolarios de entrega recepción.

Informó que existe abierta una investigación para posterior inicio de procedimiento de responsabilidades administrativas derivada de la sustracción indebida que realizó Diovani Sofía Kantún Sulub,  por la cantidad de 97 mil 901 pesos.