Una de las las propuestas aprobadas por el Congreso es la de implementar nuevas técnicas de investigación mediante agentes infiltrados, lo cual obliga a la PGEY a brindar protección a los testigos.
En la comparecencia de la ex encargada de Adminsitrración, Julia Núñez Benítez, se señaló que entre los bienes inventariados y los registros de las adquisiciones existe una diferencia cercana a 13 millones pesos.
Durante el informe anual del organiso, hubo notables ausencias, como la de los titulares de la PGEY y la SSP. Además, el Ombudsman reveló que en Yucatán 880 mil personas padeceen pobreza alimentaria, casi la mitad del Estado.
“La sociedad yucateca exige que la CODHEY cumpla con las expectativas e intervenga a tiempo, que su función no sea de oficina o de declaraciones”, dijo la coordinadora del PAN en el Congreso, Magaly Cruz Nucamendi.
La alcaldesa, Angélica Araujo Lara, reconoció que se lleva al cabo una evaluación minuciosa del personal adscrito a la Subdirección de Mercados, debido a que han recibido demasiadas quejas y denuncias de locatarios.
Durante la comparecencia, el director entrante de esa paramunicipal, Juan Manuel Salomón Gómez, expuso la falta de información sobre obras y bienes relacionados que no fueron ubicados físicamente.
